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viernes, 14 de mayo del 2021

Recomiendan que ciudadanos auditen fondos para Seguridad

Aseguran que esta figura no sustituirá la labor que las instituciones públicas fiscalizadoras del Estado desempeñan

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La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) ha recomendado tanto al gobierno como a la Asamblea Legislativa, la creación de un ente auditor conformado por representantes del sector empresarial, la academia, el gremio periodí­stico y las organizaciones sociales con experiencia en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción, para que vigile el uso de los fondos de $152 millones solicitados por el gobierno para las medidas de seguridad.

La propuesta recomendada por ISD se da por la falta de acuerdo en cómo se detallará el uso del dinero, pues ARENA si bien ha dicho que está a favor de esos recursos, también ha condicionado sus votos hasta que gobierno y FMLN se comprometan a ser fiscalizados en la administración del dinero.

Por su parte el gobierno emitió un comunicado en el que reiteran darle continuidad a las medidas de seguridad, y cuestionan la decisión de ARENA al respecto. "Resulta incomprensible e insostenible la actitud del partido ARENA de negarse a la aprobación de los fondos que servirán para fortalecer Policí­a, Fuerza Armada, Fiscalí­a y Centros Penales"

ISD busca que la propuesta pueda garantizar una mayor participación ciudadana en el control social de las polí­ticas públicas, a través de la creación de la figura del “Testigo Social” que sea despartidizada, y comprometa a los polí­ticos a un Pacto de Integridad.

“Deberí­a ser la Asamblea Legislativa quien debe discutir la creación de un mecanismo ciudadano para que promueva la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución del gasto público en materia de seguridad; teniendo en consideración que este mecanismo debe ser inclusivo y plural, objetivo e independiente y no puede ni debe ser considerado únicamente al sector empresarial para ejercer fiscalización”, expresa esta organización a través de un comunicado.

Recomiendan este mecanismo de control social con el fin de fomentar y obligar a todas las instituciones públicas a elevar los niveles de rendición de cuentas, fiscalización y acceso a la información relacionada a la ejecución del gasto público en materia de seguridad.

“El propósito del pacto de integridad es el de coadyuvar y potenciar los compromisos de transparencia, ética y anticorrupción en la ejecución de los fondos públicos destinados al rubro de seguridad, sin importar la procedencia de su financiamiento”, aseguran.

Expresan que esta figura no sustituirá la labor que las instituciones públicas fiscalizadoras del Estado tienen, entre ellas la Corte de Cuentas, la Fiscalí­a General de la República, el Ministerio de Hacienda entre otros, sino al contrario busca fortalecer y hacer más eficiente el trabajo que ellas realizan.

Concluyen que de crearse esta figura, los informes elaborados serán de dominio público, debiendo resguardar la información que por su naturaleza debe de ser reservada.

Postura del GOES sobre negación de ARENA a votos para aprobación de $152 millones de dólares

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