Dos organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) los resultados de un informe realizado que evalúa los aciertos y desaciertos de los procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.
“Es un proceso que ha llevado seis meses a raíz de la visita de la relatora de Independencia Judicial de la ONU en 2012, quien señalaba la necesidad de una reforma procedimental. Se hicieron entrevistas y grupos focales con actores claves como ONG´S, academia, investigadores y funcionarios”, dijo Abraham Ábrego de FESPAD.
El estudio presentado por la Fundación del Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) con sede en Washington, refleja las características del procedimiento de elección de magistrados de la CSJ entre las cuales destaca que es un mecanismo mixto con preponderancia del elemento político al ser la Asamblea Legislativa la que los elige.
Además refleja que la Constitución de la República regula casi exclusivamente requisitos mínimos el perfil del magistrado para acceder al cargo. Al respecto, el procurador de derechos humanos, David Morales, considera que la idoneidad de los aspirantes debe ser evaluado con mayor rigurosidad.
“Muchos aspectos del actual modelo no fueron desarrollados en ley secundaria, principalmente el que debería de regular los perfiles técnicos y de idoneidad de quienes aspiran al cargo. Los requisitos constitucionales son importantes pero son bastante generales, por lo que necesitamos una ley secundaria que regule de manera más rigurosa el perfil de idoneidad de los aspirantes”, dijo Morales a ContraPunto.
El informe aplaude los aciertos del proceso de selección tales como que exista una etapa de preselección y una de elección por separada, la renovación parcial ““por tercios- del Pleno de la CSJ y el establecimiento de un periodo largo de duración del cargo de magistrado que es de nueve años, entre otros aspectos
Entre los desaciertos, el informe señala la duplicidad de criterios de la preselección que hace el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES); la elección por voto directo de los abogados, la falta de independencia del CNJ, la generalización de la regulación del perfil de los aspirantes, entre otros puntos.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones que ambas instituciones realizan al mecanismo actual de elección de magistrados de la CSJ se encuentra que todo el proceso de selección sea establecido en una ley en sentido formal.
Además mantener la división del proceso en etapa de preselección y selección; asignar la etapa de preselección a una sola entidad; eliminar el voto directo como mecanismo de preselección de candidatos, discutir la legitimidad de la intervención de las asociaciones de abogados, establecer un perfil claro y detallado del perfil del magistrado, entre otras recomendaciones.
Por otro lado el procurador Morales considera que no hay justificación legal para el retraso de casi 10 meses que tiene la Asamblea Legislativa para elegir a los magistrados del CNJ.
“Los plazos son constitucionales y obligatorios. La Asamblea debe hacer un esfuerzo por priorizar los intereses del país y del sistema de justicia y de su adecuado funcionamiento a través del conceso y la transparencia al buscar la idoneidad sin anteponer otros criterios políticos”, expresó Morales.
El informe fue entregado a David Morales como titular de la PDDH para que sea esta autónoma la encargada de sugerir y recomendar directamente a todos los involucrados en el proceso de selección de los magistrados de la CSJ, las recomendaciones que hace este estudio.
