“Hay que mejorar la técnica empleada en la protección de víctimas y testigos de la violencia porque aún se filtran informaciones y eso termina, muchas veces, en la muerte del testigo criteriado”, explica la abogada y notaria Mayreth Gómez al referirse al procedimiento de resguardo de víctimas y testigos de la violencia que intervienen en la investigación de delitos. Para la especialista, en El Salvador “esto da a entender que el sistema realmente no te da una protección”.
Según Gómez, “el régimen de protección inicia desde que no se puede conocer la identidad del criteriado y puede llegar hasta cuando les dan seguridad privada”. Además, detalla que existen tipos de regímenes que dependen del grado de participación o de peligrosidad en el desarrollo del proceso.
A nivel centroamericano, El Salvador encabeza la lista de países más violentos en Centroamérica. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es de 80.2. Existen políticas de seguridad para combatir el flagelo de éste y otros delitos, como los sexuales. Sin embargo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) asegura que se hace poco para salvaguardar la vida e identidad de testigos y víctimas.
Esto a pesar de que desde el 2006 existe la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos creada para garantizar la eficacia del juzgamiento y evitar que a los referidos y sus familiares les sean vulnerados sus derechos, pero ¿qué tan efectiva es?
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La abogada comentó a ContraPunto que el régimen de protección en un proceso judicial es solo temporal. Cuando finaliza le quitan el alias al testigo o víctima y la protección que tenía de seguridad privada.
“No les facilitan comenzar una nueva vida como se hace en otros países; aquí no, aquí se quedan viviendo en la misma colonia, con la misma gente. Al final todo mundo supo que esa persona fue el testigo clave en “˜equis”™ caso, esa voz se corre y obviamente los delincuentes los localizan y los matan. La protección debería ser enfocada también para el futuro y no solo para el momento”, indicó Gómez.
La referida ley establece que el ente rector del Programa de Protección de Víctimas y Testigos es la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, quien delega a la Unidad Técnica para recibir las solicitudes de protección, identifica e implementa el tipo de régimen. Esta es apoyada por abogados, psicólogos, un trabajador social y un representante de la Policía.
Ante la motivación de brindar una protección real y efectiva, la pasada administración de la PDDH, dirigida por el exprocurador, Davis Morales, diseñó una “Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de la Violencia”, la cual permite al Gobierno y oenegés contar con un instrumento que garantiza la protección a las víctimas y testigos de la violencia.
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Esta es una de las herramientas actualmente usadas dentro del “Plan El Salvador Seguro” con el que el Gobierno busca reducir los índices de criminalidad a través de la prevención y reinserción.