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sábado, 31 de julio del 2021

Ratifican medidas cautelares contra implicados en caso Saca

Acusados podrí­an ser trasladados a centro penal que disponga la Dirección General de Centros Penales

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El Juzgado 4° de Instrucción ratificó las medidas cautelares impuestas por el Juzgado 4° de Paz,  entre estas la detención provisional y  los embargos preventivos  de bienes inmuebles y vehí­culos a nombre del expresidente de la República, Elí­as Antonio Saca y seis de sus exfuncionarios más acusados de delitos vinculados a la corrupción.

En total fueron 319 piezas, equivalentes a 63 mil 693 folios (hojas) que el juzgado de instrucción recibió  el pasado 21 de noviembre, junto con nueve pasaportes  y ocho recursos de apelación presentados  y remitidos a la Cámara Primera de lo Penal.

De acuerdo con la dirección de comunicaciones del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, el juez ordenó enviar oficio a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) con el fin que  determine un lugar adecuado para que los imputados guarden prisión, solicitud que es un procedimiento normal que se sigue  cuando el imputado se encuentra detenido en bartolinas judiciales.

También informó que el oficio aún no se ha librado   porque el abogado Mario Machado, defensor de Elí­as Saca, presentó un recurso   revocando la decisión del juez, pues en su escrito pide al juzgador que los procesados permanezcan en las bartolinas de la DAN con el fin de salvaguardar sus vidas, su integridad fí­sica psicológica y su dignidad, mientras enfrentan el proceso.

El juzgador resolverá este recurso la próxima semana.  Se informó también que el juzgado no ha ordenado inmovilizar cuentas en el extranjero, aclaran que es la Fiscalí­a General de la República (FGR), la encargada de hacer la petición de efectuar esas diligencias que están en el requerimiento fiscal. 

El expresidente y sus excolaboradores, son acusados de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilí­citas, al desviar según la FGR fondos de cuentas públicas a particulares, delitos cometidos presuntamente en su gestión  presidencial  entre los años  2004 al 2009.

De acuerdo a la investigación fiscal, los fondos presuntamente extraí­dos de forma ilí­cita, provienen de  una cuenta  institucional  del Tesoro  Público de la Casa Presidencial,  dinero que desviaron a empresas privadas, personas naturales y jurí­dicas.

Según la Fiscalí­a son más de $84 millones de dólares que Saca, Elmer Charlaix, Francisco Rodrí­guez, Jorge Alberto Herrera y Pablo Gómez, se han acreditado  que fueron sustraí­dos de las Cuentas Subsidiarias Institucionales del Tesoro Público Presidencia de la República, cantidad que fue cobrada en efectivo y se desconoce su utilización  pues no existe soporte documental que acredite en que fue invertido.

Según el análisis el daño global que hasta el momento y de manera preliminar asciende a 97 millones 575, 208.94 dólares.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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