Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), cuestionó el trabajo investigativo que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) y el del sistema judicial cuando se trata de casos en los que se ven involucrados políticos o empresarios.
El representante de la organización fue contundente con su crítica, específicamente, en el caso de los siete políticos procesados por negociar con pandilleros para obtener beneficios electorales en las votaciones de 2014 y 2015.
Las investigaciones del Ministerio Público los señala de cometer fraude electoral y agrupaciones ilícitas a Arístides Valencia, Benito Lara, Wilson Alvarado, Raúl Mijango, Ernesto Muyshondt, Salvador Ruano y Paolo Luers. Además, se encuentra el diputado, Norman Quijano, quien recibiría un antejuicio en la Asamblea Legislativa y un posible desafuero, para luego poder desvanecer en tribunales las acusaciones en su contra.
Villalta dijo al periódico digital Contrapunto, que ha observado actitudes del Ministerio Público, que se puede entender como que se hace un espectáculo mediático entorno al caso, con el afán de advertir a los políticos sobre acciones en su contra, lo que les permite prepararse para el juicio o en el peor de los escenarios: huir del país.
Por lo tanto, sostuvo que la FGR actúa de forma contundente contra el salvadoreño común, pero muestra su preferencia para la clase política nacional.
¿Cómo evalúa el proceder de las autoridades en casos de políticos procesados judicialmente en comparación de otros ciudadanos?
Hay una preocupación muy fuerte desde nuestro punto de vista, porque el fiscal general de la República venía siendo presionado para que investigara sobre estas relaciones o vínculos que había entre exfuncionarios en el proceso de negociación con las pandillas en el marco de procesos electorales, en el que estaban comprometiendo específicamente al Estado Salvadoreño, hubiera sido terrible si estas personas hubieran llegado al poder con ese tipo de compromisos.
Lo que preocupa sobre todo, es el fiscal que porque luego de la presión hace un procedimiento en el que anuncia en una primera instancia, el inicio del antejuicio contra el diputado, Norman Quijano, quien fue candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, inicia con el proceso más complicado y a la par de anunciar este antejuicio, también manifiesta que va a procesar a los demás políticos que son señalados en los videos que aparecieron en un juicio donde fueron condenados más de 400 pandilleros.
En esa ocasión, el juez también reprochó la actitud de la FGR por no llevar en ese momento a los políticos
Efectivamente, pero también el juez le ordena que investigue y la ciudadanía le pide a la FGR que investigue. Lo raro acá es que inicia con antejuicio, lo que significa que con la correlación de fuerzas de la Asamblea es muy difícil que un antejuicio de este tipo pueda prosperar, además anuncia que va a iniciar proceso con todos los demás, que es una advertencia, es como decir: “Te voy a agarrar, por favor hui”.
Luego se apertura juicio con otros implicados que se vehiculan con ARENA y FMLN, lo que lleva que se inicie el proceso judicial que todo mundo estábamos esperando, por lo que se estaba a la expectativa que se aplicara los principios establecidos en la Ley Antiterrorista y que no pueden ser tratados de manera especial, sin embargo; los trata de manera distinta y pide que el juicio se lleve adelante con las personas estando en libertad.
Es complicada esta actuación fiscal, porque más pareciera tener indicios como lo hemos señalado en otro tipo de casos, en los que cuando se trata de personalidades políticas o del poder económico, la entidad que investiga y el sistema de justicia se comporta de una manera tal que busca que este tipo de delitos queden prácticamente en la impunidad, con el agravante que con este comportamiento hace animar a los actores a continuar con este tipo de delitos en el futuro.
¿Habría una posible fuga de los implicados por la permisibilidad judicial?
Obviamente. Cuando el fiscal pide el antejuicio e informa que va abrir un proceso contra los demás, me pareció una advertencia pública que no debería de ocurrir en ningún tipo de estos casos y eso no es lo normal, no es lo usual a diferencia cuando están actuando contra cualquier persona pobre que ha cometido un delito, contra aquellos que ha robado $15 en el supermercado o una fruta para comer.
Vemos a una Fiscalía endeble con los políticos, parecen los defensores de los que han cometido un delito, este tipo de proceder no corresponde con la obligación constitucional que se le manda a la FGR.
¿Estas posibles acciones que realizaría la FGR obedecerían a un favor en particular o negoción bajo la mesa?
Lo complicado de esto, es que no se puede pedir que se investigue porque es el mismo ente que tiene la potestad para investigar y que está llevando adelante este proceso, con este tipo de acciones se pone totalmente en duda la imparcialidad con la que pueden estar actuando, no quisiera pensar que acá se está tramando cosas como las que sucedieron en el caso Flores, que se inician juicios para que se cierren cuanto antes y den el sobreseimiento y ya no vuelvan a ser perseguidos por este delito.
Acá estamos hablando de hechos de carácter público, en los que se han evidenciado con claridad que hay negociaciones con grupo de delincuentes, que ese tipo de conductas están detalladas en la Ley Antiterrorista y por consecuencia deben ser penalizadas y que de acuerdo con la ley no se puede otorgar ningún beneficio, especialmente, cuando un marero se le aplica y a los que negocian no se les aplica, esto es bastante contradictorio de parte de la Fiscalía.
Podemos ver a la FGR muy empoderada en contra de personas cuyas condiciones económicas no les permite defenderse, pero una FGR muy endeble con personas que hayan jugado algún rol en la política y eso preocupa porque no es un caso único, sino que está ocurriendo en el sistema de justicia. Los poderes económicos y políticos generan una influencia directa que debería de ser observada y vigilada por la sociedad, que es la única que puede seguir exigiendo para que se cumpla la ley.
Los defensores de los acusados de negociar con pandillas aseguran que las pruebas en contra de sus clientes son débiles ¿Será por mala labor de la FGR o será algo premeditado?
La experiencia que hemos vivido en estos casos, en particular en lo que vivimos en el caso Flores es que se hace un espectáculo mediático para llamar la atención de quienes se están investigando, pero se presentan pruebas débiles que no son útiles para las condenas. La determinación de que si la prueba que se está presentando es o no es contundente corresponde a los jueces, aquí el problema es que tenemos que si bien la fiscalía puede pedir que la gente se vaya a sus casas, el juez está en la capacidad de que se aplica o no se aplica la ley, el juez también es cómplice de lo que establezca en la legislación.
Aquí tenemos un juego entre el que investiga y el que aplica justicia, parece ser que se ponen de acuerdo partiendo de los indicios que se generan e insisto por las experiencias que hemos vivido. Por ejemplo, en el caso de Francisco Flores eso fue lo que se estaba dando y se estaba buscando que en el corto tiempo estos casos queden sobreseídos por falta de pruebas suficientes y entonces a esta persona no se le puede volver a juzgar por los mismos delitos.
Si preocupa lo que está sucediendo en el sistema de justicia y en el de investigación salvadoreña.
¿Habría de investigar a más personas por este caso y que tendrían relación con estas negociaciones con estructuras criminales?
Ese es el punto de fondo, porque en la investigación no solo se trata de determinar si una persona entregó una cantidad de dinero a un grupo delincuencial. Imaginémonos que si ese dinero era producto de la deuda política que el Estado le entrega a un partido político ¿No estarían haciendo uso del dinero público, del dinero del pueblo para financiar a grupos delincuenciales?
Qué pasa si este dinero viene de fuentes privadas, el punto es si estas fuentes privadas que financian las campañas de los partidos estaban conocedoras y sabedoras de que parte del dinero estaba siendo utilizado para grupo de maras y si eran conscientes son cómplices pero si desconocían de lo que ocurría, eso significa que esas donaciones prácticamente fueron un robo y que deben ser investigado.
Los partidos reciben financiamiento público y privado, si este dinero entregado era de estas dos vías, entonces estamos hablando de una situación más compleja.
¿Se descartaría que fuera una cacería de brujas?
Este tema ya tiene tiempo de venirse mencionando. Por ejemplo, el exalcalde de Ilopango no era la primera vez que lo señalaban de esto, lo que no había ocurrido es que en un juicio tan grande se le saliera de las manos a la FGR y que aparecieran todos estos testigos con estas pruebas.
¿Qué tan grave será el desgaste del FMLN y ARENA ante este caso que ha salido a la luz?
Creo que ya los dos partidos fuertes de este país están en una situación de desgaste, que sus dirigentes deberían de preocuparse de poder sacar a sus partidos adelante y de demostrar mucho mayor compromiso con la población, haciendo actos que estén comprometidos con el combate de la delincuencia y corrupción. Si los partidos y sus dirigentes no son responsables con este tipo de actos, simplemente la justicia debe de trabajar.
Al conocer los casos, los partidos salieron al paso para decir que no van a dar los votos para una situación de esta naturaleza, estos mensajes lo que indican que no están dispuestos a ser sometidos al control de la justicia y a determinar que hay una culpabilidad, por lo que ganan rechazo.
En El Salvador no tenemos reglas claras que penalicen a las personas jurídicas, acá se persigue a la persona natural y como dijo el Fiscal anterior a los partidos políticos no se les puede echar preso, pero la experiencia es de ver que los jueces hasta donde podrían llegar.
Efectivamente debería de haber consecuencia para la persona jurídica, porque en estos casos se estaban usando a personas jurídicas y las actuaciones que esta tenga imputan al partido político.
