Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política que estudia la polémica ley de reconciliación, dejó claro este jueves que seguirán estudiando ese anteproyecto, a pesar de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de frenar el avance de esa versión de la ley en la Asamblea.
Quijano considera que como diputados no pueden “renunciar a su derecho soberano de legislar sobre el tema”. Sin embargo, la CIDH es un tribunal internacional que tiene jurisdicción sobre El Salvador y sus sentencias, aún las de seguimiento, son obligatorias.
“Nosotros no vamos a suspender, Vamos a seguir. Estamos en una disyuntiva espantosa; si nosotros no cumplimos el mandato de la Sala (de lo Constitucional) que nos ha dado una fecha improrrogable del 13 de julio para crear esta ley de reconciliación, también podemos caer en desacato. Pueden venir órdenes de desautorizarnos como diputados por desacatar una orden de una instancia superior, pero tampoco debemos perder nuestro derecho soberano como legisladores a legislar sobre esta materia”, expresó Quijano durante la entrevista de Canal 21.
Asimismo, el parlamentario de ARENA considera que la CIDH se está “extralimitando” con esta acción, ya que adelantó juicio sobre un hecho que “no se ha consumado” y que incluso hay dudas de que se cumpla con el plazo establecido por la Sala de lo Constitucional.
“Está adelantando juicio sobre un hecho que no se ha consumado todavía. Dudo que podamos cumplir con el plazo de la Sala del 13 de julio, le den cinco meses, le den un año, le den dos años, le den tres años para que hagamos esta ley. Siempre va a despertar inquietud, siempre va a reavivar las pasiones. No veo la conveniencia política en esto”, aseveró Quijano.
De igual modo, el legislador hizo énfasis en que la Constitución de la República está por encima de los tratados firmados con cualquier organismo internacional. “Nosotros nos debemos a un mandato constitucional y ese mandato constitucional no lo podemos renunciar. Si bien es cierto el país es signatario de tratados internacionales, también esos tratados internacionales están supeditados a la Constitución de la República”, enfatizó Quijano.
Por otra parte, Quijano resaltó que la Ley de Amnistía General (1993) que fue expulsada del orden jurídico fue un elemento importante para la consecución de la paz después el conflicto armado, como un complemento para los Acuerdos de Paz.
“Ni los Acuerdos de Paz podían existir sin la Ley de Amnistía ni la Ley de Amnistía sin lo otro. Esto permitió no solamente crear institucionalidad en el país; nos puso como ejemplo ante la comunidad internacional, permitió que el FMLN se incorporara a la vida política”, concluyó Quijano.
