Para Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Asamblea Legislativa no ha perdido la costumbre de obviar los proceso y su falta de voluntad política para elegir a funcionarios de segundo grado.
Han hecho un proceso, que aparenta ser transparente en donde se inscribieron 24 aspirantes al cargo y se realiza una consulta pública. Pero han comenzado darse unos conflictos como el de no utilizar un baremo (Conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo).
Pero hay más. Los diputados que formaron parte de la subcomisión que entrevistó a los candidatos, no dio a conocer los criterios por los cuales cada partido presentó sus ternas. “Hasta el momento, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público en general, no conocen cuáles son los criterios bajo los cuales se fundamentaron los legisladores para determinar quiénes reunían los requisitos para procurador de derechos humanos”.
Agregó que hay tres nombres que coinciden al menos en tres partidos políticos y hay negociaciones como ha sucedido en otras elecciones, dijo Baños.
Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, considera que los políticos confunden lo público con la transparencia y hay muchos criterios que no han sido evaluados en los candidatos como “ver si tienen cuentas pendientes, sanciones legales, conocimiento del trabajo y eso no se ha evaluado bien”.
Incluso, “el mismo presidente Nayib Bukele dijo que ellos (diputados) están negociando un procurador o procuradora de derechos humanos que violente precisamente los derechos humanos”, precisó García.
Paralelamente a lo anterior, la Asamblea Legislativa está analizando la posibilidad de poner más sanciones a aquellos delitos cometidos durante el conflicto armado en el país, como la desaparición forzada, pero quieren indultar a quienes cometieron esos delitos en el conflicto interno que vivió el país (1979-1992).
En si oportunidad, el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, dijo que estaban cerca de alcanzar un acuerdo y muy probablemente se pueda elegir al funcionario, pero hay que esperar.
Guadalupe Vásquez, jefe del grupo parlamentario de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), fue más allá al decir que tanto ARENA como el FMLN no les han comunicado nada.
Raúl Beltrán Bonilla, del Partido de Concertación Nacional (PCN), dijo que “nosotros solo hemos sido la pelota de ping pong, nos toca ver izquierda derecha, izquierda derecha; y no podemos obviar que hay un hecho en el que se está irrespetando el cumplimiento del reglamento y las leyes del país. Se manejan nombres, pero son los partidos mayoritarios los responsables de ponerlos sobre el tapete”.
Beltrán Bonilla aseguró que el nombre que más suena y coincide tanto con ARENA y el FMLN es el de José Apolonio Tobar para pagar la deuda de un partido a otro.
Tobar Serrano, juez propietario del Juzgado de lo Civil de San Vicente, quien según cifras del Ministerio de Hacienda, donó más de mil dólares al FMLN en el año 2016.
Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, opina que lo que se está dando con el proceso de elección del procurador de Derechos Humanos, no es más que una burla por parte de la Asamblea, hacia la institucionalidad y la población en general.
Es obvio que hay un acuerdo de negociación entre la Ley de Reconciliación Nacional, que dicho sea de paso, dieron por cerradas las consultas con las víctimas de la guerra interna en el país y la elección del procurador de Derechos Humanos.
Para la elección del procurador de Derechos Humanos se requiere de mayoría calificada, es decir, 56 votos, que los tienen ARENA y el FMLN que incluso los sobrepasan.
Al diputado de GANA, Numan Pompilio Salgado, le llama la atención que las propuestas de candidatos de los dos partidos todos tienen cuestionamientos, como problemas de ética o procesos activos en la Fiscalía General.
“La hoja de vida de los candidatos de ARENA y el FMLN a título personal, creo que no son las personas idóneas para ocupar el cargo”, criticó el parlamentario.
La PDDH fue fundada en 1992, Los Acuerdos de Paz de Chapultepec. Entre sus facultades se mencionan: Investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los Derechos Humanos;
Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los Derechos Humanos; emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los Derechos Humanos; y formular conclusiones o recomendaciones pública o privadamente.
