La extensión por 30 días más de la Ley de Emergencia Nacional a causa de la proliferación del COVID-19, que fue anunciada al borde de la madrugada de este domingo, ha generado tensión entre sectores políticos y el gobierno salvadoreño.
Para muchos la medida no ha sido de su agrado, debido a que justifican que el Ejecutivo se ha extralimitado de sus poderes constitucionales y usurpó los de la Asamblea Legislativa.
Uno de ellos fue la oposición derechista, ya que el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), Erick Salguero, expresó su inconformidad sobre el Decreto Ejecutivo emitido ayer.
Según Salguero, Bukele “ha usurpado” las facultades del órgano legislativo y ha cometido “excesos” al decretar la Emergencia Nacional, pues en este caso, es competencia de los diputados.
“ARENA rechaza la usurpación de atribuciones y exceso de facultades del Órgano Ejecutivo. Exigimos el respeto a la Constitución y al estado de derecho, violentado con la toma de decisiones que corresponden a la Asamblea Legislativa”, expresó.
De igual forma se pronunció el diputado tricolor Emilio Corea, quien añadió que Bukele ha interpretado “a su manera y conveniencia algunos artículos”, usurpando las funciones de la Asamblea Legislativa.
“Estoy claro que esta enfermedad va en ascenso y nos puede golpear fuerte; sin embargo, no es la manera señores”, indicó.
Por su parte, la diputada Milena Mayorga, dijo que el decreto de Casa Presidencial estaba apegado a la ley, y acusó a su partido y al FMLN de tener “un pacto de corruptos”.
Mientras tanto, la izquierda salvadoreña mostró su rechazo al decreto y aseguraron que esun atropello al estado de derecho.
“El Ejecutivo usurpó funciones de @AsambleaSV, pues jueves 14 de mayo se decidió no prorrogar Ley de Emergencia. Lunes se aprobará integralmente una ley de salud y reapertura gradual de la economía bajo cuarentena. Hay nulidad en prórroga hecha por que sólo presidente la debe hacer y no los ministros”, escribió en su cuenta de Twitter la jefa del grupo parlamentario del FMLN, Nidia Díaz.
Ante esto la secretaria General Adjunta del FMLN y diputada en la Asamblea Legislativa, Karina Sosa, señaló que han presentado una iniciativa de ley previo al vencimiento del decreto de emergencia; esta propuesta plantea principalmente que la cuarentena continúe, la reintegración económica gradual frente al impacto que ha sufrido la micro, pequeña y mediana empresa.
También incluye el financiamiento al gobierno, el tema del transporte público, la asistencia económica de las familias afectadas y la transparencia en todo este abordaje, por ello “hemos creado un comité interinstitucional y multidisciplinario para que se transparente todo el actuar del gobierno en el marco de la emergencia”.
Instituciones como FUSADES también mostraron su inconformidad y publicó en su cuenta de Twitter: “ante las declaraciones de algunos diputados en el sentido que el Órgano Ejecutivo puede decretar un régimen de excepción, hace un enérgico llamado al respeto a la institucionalidad democrática y al principio de separación de poderes. De acuerdo a la Constitución, lo anterior es una facultad indelegable de la Asamblea Legislativa. Hacerlo sería un grave atentado contra el orden constitucional. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la FGR_SV, a la Sala de lo Constitucional y a las fuerzas políticas para mantenerse atentos ante una posible ruptura del sistema democrático”.
José Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, cuestionó “¿Qué haría un autócrata si el Congreso no le aprueba una ley? Dictaría un decreto. Eso acaba de hacer el joven caudillo salvadoreño, Nayib Bukele, con el estado de emergencia. Otro grave retroceso”.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, a la opinión pública expresaron que el decreto ejecutivo excede las facultades del Órgano Ejecutivo conforme al artículo 164 de la Constitución.
En este sentido, las organizaciones declararon que el estado de emergencia, es nulo; consecuentemente, la restricción a la libre circulación en este momento solo está regida por el Decreto Legislativo número 639 y por el Decreto Ejecutivo número 24, decretos que en este momento están sujetos al control de constitucionalidad de la Sala de lo Constitucional.
“La comunidad internacional, ante la debilidad que han demostrado las instituciones de El Salvador, deben defender categóricamente en El Salvador los principios republicanos y democráticos que comparten, y que, en los casos en que corresponda, suspendan su respaldo activo o pasivo a las actuaciones del Órgano Ejecutivo que atentan contra el orden constitucional”, indica un extracto del comunicado de las instituciones.
Otra institución que sentó postura fue la Fiscalía General de la República (FGR), al indicar que, aunque el artículo 24 de la Ley de Protección Civil otorga la facultad al Presidente de la República de decretar un Estado de Emergencia, en este caso no se cumplen las condiciones para decretar dicho estado por parte del Órgano Ejecutivo.
“El artículo 1O del decreto 593, donde se establece el Estado de Emergencia, señala que los informes por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil deben ser presentados a la Asamblea Legislativa, cada quince días. La Asamblea Legislativa no está imposibilitada para reunirse en estos momentos, por lo que tiene la legitimidad legal y constitucional para analizar el Estado de Emergencia”, cita una parte del comunicado emitido por el Ministerio Público.
Además, la abogada Ruth López anunció que presentó una demanda en la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en contra del decreto ejecutivo 18.
“Nunca pensé que nuestro país fuese a atravesar un quebrantamiento institucional tan profundo. Como ciudadana y abogada hago lo que me corresponde, he instado a la Sala de lo Constitucional a intervenir ante la ruptura del orden constitucional”, escribió la abogada en su cuenta de Twitter.
La petición de la jurista es que se suspenda la aplicación del decreto ejecutivo 18, emitido por el presidente de la República, y que fue publicado en el diario oficial con fecha 16 de mayo, donde se decretan 30 días de estado de emergencia, a causa de la pandemia del COVID-19.
Gobierno asegura estar en el camino correcto
Ante la ola de señalamientos, el presidente Nayib Bukele sostuvo solo hizo uso de sus facultades y por eso declaró la Emergencia Nacional.
“Esto se puede hacer, cuando hay una emergencia, como es este caso (probablemente la emergencia más importante que ha tenido nuestro país en su historia) y cuando la Asamblea Legislativa no este reunida (como es el caso)”, publicó en redes sociales.
Otro que salió a la defensa fue el vicepresidente de la República, Félix Ulloa quien dijo que no han invadido funciones legislativas al decretar emergencia nacional.
"Es necesario aclarar, frente a la desinformación interesada de algunos sectores, que no existe invasión de funciones legislativas, pues la ley habilita al Presidente a emitir este decreto", aseguró Ulloa, a través de su cuenta de Twitter.
Al conocer este problema de poderes, el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johonson, dejó un mensaje de apoyo al pueblo salvadoreño en sus redes sociales.
“El COVID-19 continúa creando condiciones nunca antes enfrentadas, que desafían nuestro marco institucional. Como recientemente dijo el secretario Pompeo: Las democracias son las que responden bien a las crisis y las democracias emergerán fortalecidas del COVID-19”, publicó Jhonsson.
Iglesia católica muestra su preocupación
La Iglesia Católica Salvadoreña no dejó de pronunciarse ante este problema, en acostumbrado mensaje dominical, el arzobispo de San Salvador,José Luis Escobar Alas, pidió a los poderes del Estado trabajar unidos para enfrentar la pandemia.
“Es muy lamentable ver a nuestros funcionarios, de los tres Poderes del Estado enfrentados, luchando por sus propios intereses, atacándose mutuamente, sin ponerse de acuerdo para enfrentar la pandemia, unidos como conviene hacerlo, para que sea efectiva la defensiva de la vida y la salud de los salvadoreños. Pues ese es el deber del Estado, como lo expresa la Constitución política de nuestro país, en sus dos primeros artículos”, manifestó.
El prelado dijo que el mundo está viviendo «un momento terrible» de su historia, la pandemia del covid-19, que se ha convertido en el escenario de tantas personas muertas, tantas otras enfermes y muchas más en crisis.
“Ya contamos con más de 4 millones y medio de personas que sufren la enfermedad del coronavirus y más de 300.00 personas muertas a causa de dicha enfermedad”, reseñó.
