Diputados de la Comisión de Seguridad acordaron, por unanimidad, presentar un dictamen ante el Pleno Legislativo que permita controlar y dar seguimiento a la población retornada salvadoreña calificada como “˜miembros de pandillas”™ o “˜agrupaciones ilícitas”™. Además, buscan crear un registro de miembros de dichas estructuras que sean deportados.
De aprobarse la normativa, la Policía Nacional Civil podrá crear y mantener una base de datos actualizada de los expedientes de control y seguimiento de las personas retornadas que tengan relación con estructuras criminales o terroristas, en coordinación con la Fiscalía General de la República.
“Una vez más el trabajo de la Comisión, de una forma granítica, en pro del país, se ve reflejado en esta votación. Aquí no hay banderas políticas, no hay intereses personales, el único interés que tenemos es que esta patria sea una patria mejor”, dijo Antonio Almedáriz, diputado del PCN.
El retornado con dicha calificación tendrá la obligación de apersonarse cada treinta días a la subdelegación policial más próxima a su domicilio, para que esa entidad lleve un control de sus presentaciones y firmas; y estará obligado a informar del cambio de su residencia dentro de los cinco días calendario anterior o cinco posteriores.
Entre las medidas de control se mencionan: residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que fije el juez; prohibición de frecuentar lugares específicos o personas, reunirse o comunicarse con personas señaladas por la autoridad judicial.
“Eso hace que al regresar al país pongan en grave riesgo a la sociedad, por ello es necesario implementar esta herramienta legal que permitirá tener control no solamente a través de migración sino también de la PNC y de los jueces de paz”, expresó Norman Quijano, diputado de ARENA.
Las personas que regulará la normativa tendrán que comenzar y finalizar la escolaridad primaria si no la tiene cumplida, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. Prestar utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia fuera de sus horarios de labores, según plantean las medidas reeducativas.
Finalmente, la propuesta indica que la información será confidencial, de uso interno y exclusivo de los funcionarios y entidades comprendidas en las disposiciones, a excepción de la que deba presentarse ante el juez que conozca el proceso penal para el caso de comisión de delito.
Esta normativa solo será aplicada para los retornados en los casos antes mencionados y no de forma general, pues gran parte de esta población es gente honrada que regresa luego de buscar mejores condiciones de vida, enfatizaron los legisladores.
Según informes de Migración y Extranjería, en el año 2016 fueron retornadas 524 personas con antecedentes y vínculos con pandillas, y de enero a mayo de este año, han sido retornadas 514 personas con esas condiciones.
La propuesta deberá ser aprobada por el pleno legislativo.
