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domingo, 24 de octubre del 2021

Proponen que investigados por corrupción no financien partidos polí­ticos

ONG afirma que el sistema de control del financiamiento de campañas electorales, partidos polí­ticos y candidatos es vulnerable

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El Centro de Monitoreo de la organización “Acción Ciudadana” propone reformas a la Ley de Partidos Polí­ticos para que se prohí­ba que personas investigadas por actos de corrupción o señaladas por pertenecer al crimen organizado puedan financiar partidos o campañas polí­ticas. Esto en referencia a las últimas capturas por lavado de dinero en la que se incluye a José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”.

Salazar Umaña ha sido catalogado por Estados Unidos como capo internacional de la droga y es el presunto lí­der del cártel de Texis, una estructura de narcotráfico que opera en la zona noroccidental de El Salvador y en la que presuntamente se han visto involucrados polí­ticos como el alcalde de Metapán, Juan Samayoa, que actualmente es prófugo de la justicia y tiene orden de captura.

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De acuerdo con miembros de Acción Ciudadana, el sistema de control del financiamiento de campañas electorales, partidos polí­ticos y candidatos es vulnerable y “posibilita que dinero del crimen organizado pueda financiarlas”.

La organización propone que “deben prohibirse cualquier tipo de aportaciones provenientes de personas que están siendo investigadas por delitos de corrupción y crimen organizado. Esta prohibición debe extenderse hasta que concluyan las investigaciones o el proceso judicial respectivo y que se haya determinado la no participación o inocencia del imputado”, expresan.

“No solo por estas capturas, sino cualquier investigación o cualquier condena posterior que se tenga sobre estos delitos, por lo general siempre se revela que hay involucramiento de quien lava dinero con algún candidato o partido polí­tico, financiándolo. Ese es uno de los mecanismos de lavado de dinero”, dijo Eduardo Escobar, miembro de “Acción Ciudadana”.

 Actualmente la Ley de Partidos Polí­ticos solo prohí­be aportaciones de personas con sentencias condenatorias firme por el cometimiento de dichos delitos.

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Asimismo, proponen que debe exigirse que toda aportación arriba de $5 mil dólares que un particular realice a un partido polí­tico esté acompañada de una declaración jurada sobre el origen lí­cito del dinero, tal y como se realiza en los bancos con montos similares. Actualmente no se exige a particulares que declaren el origen de los fondos donados a partidos o candidatos polí­ticos.

“Esta reformas se proponen como medidas preventivas ante dinero del crimen organizado que quiera financiar campañas electorales”, expresa Acción Ciudadana.

Esta organización no descarta introducir una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para solicitar la reforma, siempre y cuando, sea respaldada por alguna fracción polí­tica.

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Mario Beltrán
Periodista sección PolÃítica en ContraPunto. Graduado de Comunicaciones en Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
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