El Centro de Monitoreo de la organización “Acción Ciudadana” propone reformas a la Ley de Partidos Políticos para que se prohíba que personas investigadas por actos de corrupción o señaladas por pertenecer al crimen organizado puedan financiar partidos o campañas políticas. Esto en referencia a las últimas capturas por lavado de dinero en la que se incluye a José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”.
Salazar Umaña ha sido catalogado por Estados Unidos como capo internacional de la droga y es el presunto líder del cártel de Texis, una estructura de narcotráfico que opera en la zona noroccidental de El Salvador y en la que presuntamente se han visto involucrados políticos como el alcalde de Metapán, Juan Samayoa, que actualmente es prófugo de la justicia y tiene orden de captura.
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De acuerdo con miembros de Acción Ciudadana, el sistema de control del financiamiento de campañas electorales, partidos políticos y candidatos es vulnerable y “posibilita que dinero del crimen organizado pueda financiarlas”.
La organización propone que “deben prohibirse cualquier tipo de aportaciones provenientes de personas que están siendo investigadas por delitos de corrupción y crimen organizado. Esta prohibición debe extenderse hasta que concluyan las investigaciones o el proceso judicial respectivo y que se haya determinado la no participación o inocencia del imputado”, expresan.
“No solo por estas capturas, sino cualquier investigación o cualquier condena posterior que se tenga sobre estos delitos, por lo general siempre se revela que hay involucramiento de quien lava dinero con algún candidato o partido político, financiándolo. Ese es uno de los mecanismos de lavado de dinero”, dijo Eduardo Escobar, miembro de “Acción Ciudadana”.
Actualmente la Ley de Partidos Políticos solo prohíbe aportaciones de personas con sentencias condenatorias firme por el cometimiento de dichos delitos.
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Asimismo, proponen que debe exigirse que toda aportación arriba de $5 mil dólares que un particular realice a un partido político esté acompañada de una declaración jurada sobre el origen lícito del dinero, tal y como se realiza en los bancos con montos similares. Actualmente no se exige a particulares que declaren el origen de los fondos donados a partidos o candidatos políticos.
“Esta reformas se proponen como medidas preventivas ante dinero del crimen organizado que quiera financiar campañas electorales”, expresa Acción Ciudadana.
Esta organización no descarta introducir una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para solicitar la reforma, siempre y cuando, sea respaldada por alguna fracción política.
