El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, dijo durante un acto público que su gobierno no permitirá que se privatice el agua.
“Tenemos una amenaza muy seria en el país, como es la privatización del agua. Como gobierno no vamos a permitir que se privatice el agua, vamos a luchar”, dijo, durante el programa Gobernando con la Gente, que se realizó este sábado en la comunidad Nuevo Gualcho, municipio de Nueva Granada (Usulután).
El mandatario reconoció que el sistema de administración actual del agua debe mejorar, pero hizo énfasis en que no debe ser un ente privado quien lo haga.
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“Nosotros estamos de acuerdo en que hay que administrar de mejor forma el agua, porque es un bien para todos y hay que administrarlo bien, pero el ente rector, el que va a administrar [el recurso], no tiene que estar dominado por el sector privado”, enfatizó.
Sánchez Cerén destacó el rol protagónico de la Iglesia Católica y la Universidad de El Salvador al liderar los reclamos en contra de la supuesta iniciativa de los partidos de derecha de privatizar el agua.
Durante la primera semana de junio, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Órgano Legislativo aprobó con votos de partidos de derecha (ARENA, GANA, PCN) discutir la propuesta de “Ley Integral de Agua” propuesta por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dejando de lado las propuestas de la iglesia católica y de organizaciones ambientales y de derechos humanos.
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Diputados del FMLN denunciaron que se trata de una “maniobra” por parte del bloque de derecha para iniciar con el proceso de privatización del agua en el país.
“El grupo parlamentario del FMLN rechaza contundentemente el anteproyecto de “˜Ley Integral de Agua”™ que entrega a entes privados la gestión del agua”, dijeron diputados del FMLN.
Con el cambio en la aritmética legislativa que dejó a los partidos de derecha con mayor número de diputados, organizaciones ambientalistas, universidades y comunidades organizadas han hecho un llamado a la Asamblea Legislativa para que mantenga una postura a favor del medio ambiente, ya que existe el temor de que se modifique o derogue la Ley contra la Minería Metálica.
