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martes, 26 de octubre del 2021

Presentarán demanda colectiva por usurpación de identidad en billetera electrónica del gobierno

Empresarios, periodistas y activistas de derechos humanos han señalado en las redes que sus datos fueron utilizados sin su autorización.

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Las organización sociales Cristosal y Acción Ciudadana han hecho un llamado a las personas que han sido víctimas de usurpación de datos personales en la Chivo Wallet, a que llenen un formulario para que su denuncia sea parte de una demanda colectiva que será presentada este jueves 14 de octubre ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Además, denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) el uso ilegal de datos personales mediante una billetera digital del Gobierno, que otorga un bono en bitcóin equivalente a 30 dólares para impulsar su uso.

Así lo informó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quién denunció recientemente en sus redes sociales que su información fue ingresada en la aplicación Chivo Wallet sin su consentimiento.

“Al constatar que se han usado sin autorización los datos personales, procedemos a interponer la denuncia a efectos de que quede constancia de las deficiencias que se están produciendo a partir de esta aplicación y el uso indebido de datos personales de mucha ciudadanía que ha denunciado el hecho”, indicó Escobar.

Agregó que buscarán que “se investigue y se detenga este tipo de uso no autorizado, porque puede generar serios problemas para los derechos de las personas que están siendo suplantadas”, dado que “se pueden usar también para actos ilícitos”.

Escobar criticó “la irresponsabilidad del Gobierno de lanzar una aplicación que no reúne los requerimientos mínimos de seguridad para evitar suplantación”.

“La aplicación del Gobierno no da las garantías de seguridad”, subrayó.

Por su parte, la organización Cristosal lanzó un formulario en sus redes sociales para recabar las denuncias de suplantación de identidad en la referida aplicación.

También empresarios, periodistas y activistas de derechos humanos han señalado en las redes que sus datos fueron utilizados sin su autorización.

El medio local El Diario de Hoy afirmó el domingo en una publicación que recibió 200 denuncias en sus plataformas digitales, a las que se sumaron 74 recabadas por Cristosal y 56 de una activista de derechos humanos.

La Asociación Tracoda, que se dedica a impulsar la transparencia en El Salvador, señaló el jueves que “ha recibido múltiples quejas de usuarios que aseguran que han sido víctimas de suplantación de identidad”.

De acuerdo con una publicación de El Faro, la billetera Chivo pertenece a una empresa privada creada hace 22 años por la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que cambió su nombre a Chivo S.A. de C.V. el 24 de agosto pasado y que tuvo una inversión inicial de 60 millones de dólares.

La Asamblea Legislativa le dio al Gobierno más de 200 millones para la adopción del bitcóin, de los que se desconoce a detalle su uso.

De estos fondos se destinaron 150 millones de dólares a un fideicomiso -fondo- para que lo administrara el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal).

Recientemente, la Unidad de Acceso a la Información Pública de este banco declaró que no posee un expediente que aclare su relación con la empresa Chivo.

El 7 de septiembre pasado, el país centroamericano se convirtió en el primero del mundo en darle curso legal al más popular de los criptoactivos.

Por su parte, Cristosal indicó que este tipo de acciones es preocupante ya que se violenta los principios básicos de seguridad personal.

“Cristosal ofrece representar a las personas que compartan su información, con el objetivo de realizar acciones legales. Para ello, solo serán consideradas las personas que envíen su Documento Único de Identidad (DUI) y la captura de pantalla que indique que su DUI ya ha sido utilizado en la aplicación Chivo Wallet”, dicta el comunicado.

La organización informó que luego contactará a las personas para firmar la acción legal y que firmen además una declaración jurada de no haberse registrado en la aplicación Chivo wallet.

Si usted está interesado, este es el formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvpM2MMKI0M-LHTk1f4JKYYMgh5SfSUnLZa6M3l_eSfVnNg/viewform

Ruth Eleonora López, representante de Cristosal informó que presentarán una demanda de amparo contra particulares por considerar que “es necesario activar a las instituciones públicas en la búsqueda de protección ante la vulneración de los derechos de la ciudadanía,”, aseveró.

Además, dijo que los salvadoreños han quedado expuestos por la suplantación de su identidad y que ninguna autoridad está contestando.

Agregó que la empresa Chivo S.A. de C.V., es la prinicipal responsable por otorgar y gestionar fondos públicos sin la debida verificación de la identidad de los ciudadanos.

Desde hace dos semanas, cientos de personas ha denunciado en redes sociales ser víctimas de suplantación o usurpación de identidad porque su DUI ya fue registrado en la billetera electrónica. Muchos ya se hicieron presentes ante la FGR para presentar un aviso y que se investigue dicha actividad ilegal.

Esta tarde, el abogado constitucionalista Enrique Anaya presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), “por el uso ilegítimo de información y eventualmente documentación contentiva de datos confidenciales de quien suscribe, así como apropiación ilegítima de fondos estatales”, cita el aviso.

En el documento también agrega que los delitos que pudieron haberse cometido son: uso falso de documento de identidad, hurto de identidad, divulgación no autorizada; utilización de datos personales, obtención y transferencia de información de carácter confidencial y revelación indebida de datos o información de carácter personal.

“También es factible la concurrencia del delito de estafa en perjuicio del Estado, en forma masiva, ya que la creación de registro de usuarios en la aplicación Chivo Wallet implica la transferencia de US$30.00 al usuario, dinero proveniente de fondos públicos; pero en casos como el presente, tal transferencia no ha ocurrido a mi persona, sino a un tercero, por lo existiría una estafa en perjuicio del Estado, utilizando modalidades informáticas”, argumentó.

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Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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