miércoles, 16 octubre 2024

Presentan demanda de inconstitucionalidad por rompimiento del TLC con Taiwán

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Productores azucareros cuestionan la decisión tomada por el Gobierno, ya que afectará a diversos sectores de esa industria

Miembros de diversas gremiales productoras de azúcar en El Salvador presentaron el pasado jueves una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, en la cual piden que se anule la decisión por parte del Gobierno de romper el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Taiwán.

La demanda fue interpuesta por miembros de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES), la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), la Organización de Apoyo al Sector Privado para las Negociaciones Comerciales Internacionales (ODASP), junto a sindicatos de trabajadores y productoras de caña de azúcar.

El presidente de la AAES, Mario Salaverrí­a, indicó que la demanda responde a que el sector no fue tomado en cuenta por el Ejecutivo al momento de poner fin al Tratado con el paí­s asiático.

“Como sectores productivos nos sentimos altamente agraviados y afectados, porque vamos a tener pérdidas económicas sustanciales. La denuncia del tratado ha sido inconsulta e irresponsable”, cuestionó Salaverrí­a.

De igual modo, el asesor legal de la Asociación Nacional de Empresas Privadas (ANEP), manifestó que el Tratado fue cancelado sin llevar a cabo los procedimientos establecidos en la constitución, los cuales establecen que el documento debió ser derogado como una ley.

“Se invoca a seguridad jurí­dica y a la violación al derecho de propiedad, hemos insistido que el ministro de Relaciones Exteriores puede tener responsabilidad patrimonial si se llegan a perder contratos por la Ley de Procedimientos Administrativos”, señaló Argueta, mientras agregó que se produjeron vicios de formas al momento de cancelar el acuerdo el pasado 13 de diciembre y que se hará efectivo el próximo 15 de marzo.

Por último, el asesor legal de la ANEP detalló que la demanda fue reforzada con una solicitud de amparo de nulidad de la decisión y exigió que los magistrados resuelvan el recurso antes del 15 de marzo.

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