Miembros de las organizaciones “Salvemos Valle El Ángel” interpusieron, este viernes, una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Sociedad Dueñas Hermanos Limitados, por la concesión de más de 17 millones de litros de agua diarios para el proyecto urbanístico “Valle El Ángel” a construirse en Apopa, San Salvador.
De acuerdo a las organizaciones que protegen a los afectados, en febrero de 2016, Marcos Fortín, en su calidad de presidente de ANDA firmó un Convenio de Cooperación entre la autónoma y la sociedad Dueñas para la perforación de ocho pozos profundos y el desarrollo de obras complementarias para el Proyecto Ciudad Valle El Ángel, en Apopa, mediante el cual se compromete a otorgar 200 litros de agua por segundo del acuífero de San Juan Opico.
A juicio de Carlos Flores, miembro del Foro del Agua, esta acción presenta vicios de inconstitucionalidad y afecta a más de 345 mil personas de Apopa y del Área Metropolitana de San Salvador.
“La constitución establece que cuando hay una concesión quien la debe entregar es la Asamblea Legislativa y en este caso es ANDA quien ha concesionado esta cantidad de agua a la familia Dueñas. Este es un convenio injusto, que lo único que hace es convertir el agua en mercancía y que amplía las brechas de desigualdad”, dijo.
Por su parte, Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que: “El convenio básicamente le entrega a la empresa desarrolladora la factibilidad para la perforación de pozos, extracción de agua y posterior distribución en las residenciales urbanísticas que van a construirse, viéndose amenazados derechos constitucionales como el derecho al agua (…) a todas luces manifiesta una de las formas de privatización del agua la cual en nuestro país todavía no es una figura existente y esperamos que esta figura no se repita”.
Sirve de apoyo a acciones de grupo religioso
Anteriormente, representantes de la Vicaria Padre Rutilio Grande, conformada por diferentes parroquias del área metropolitana de San Salvador, presentaron este miércoles 3 mil 600 cartas solicitando detener la construcción de una residencial de lujo.
En esa ocasión, el sacerdote, Roque Regalado, representante de la Vicaría, sostuvo que la oposición se debe a que el complejo habitacional es construido en un sector de recarga hídrica, lo que generará consecuencias negativas socioambientales.
"Consideramos que es un proyecto que traerá graves daños al ecosistema de nuestros municipios, así como el aumento del estrés hídrico que ya sufren nuestros pueblos, la contaminación de quebradas y ríos que abastecen a las comunidades aledañas y profundiza la contaminación de la microcuenca del Tomayate, también expone a las comunidades a inundaciones, deterioro del paisaje y aumento del tráfico en la zona", detalló Regalado.
En este sentido, expresó que se afectan 7 caseríos de personas pobres e indirectamente serían afectos los municipios de Nejapa, Apopa, parte de Ciudad Delgado, Quezaltepeque y parte norte de la zona metropolitana de San Salvador.
"El agua que se está garantizando para este centro urbanístico se está privatizando, en el sentido que a la familia Dueñas si se le garantiza agua para esa zona, pero a nuestra gente en Apopa, Nejapa y Apopa tiene crisis hídrica; debemos tener igual acceso al agua para todos", indicó.
