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viernes, 22 de octubre del 2021

¿Por qué tanta gente colombiana está en contra del proceso de paz?

Aunque desde fuera cualquiera pensarí­a que la sociedad colombiana ha de estar entusiasmada con la idea de que cese una confrontación armada que ha superado el medio siglo, la de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) con el Estado, lo cierto es que una notable parte está en contra del proceso de negociación.

Es necesario sentarse a escuchar el discurso que presentan los medios de comunicación mayoritarios y un sector de opinión liderado por el expresidente y actual senador, ílvaro Uribe, para entender ese rechazo. Claro que la gente ansí­a la paz, pero no cuando se la plantean como una rendición. A través de algunos de los mensajes vertidos por los medios, pareciera que el Estado colombiano se está doblegando ante la guerrilla.

¿De qué modo? Cuando se le pregunta por los motivos para que esté en contra del proceso de negociación, la gente acude por lo general a los mismos argumentos. Veamos algunos de ellos.

Uno de los más famosos es el mito del 1.800.000 pesos colombianos (COP) mensuales —aproximadamente $600— que dicen van a cobrar los guerrilleros. Esta cifra, además de ser mucho mayor que el salario mí­nimo colombiano —de 689.455 COP, unos $225—, es falsa. Así­ lo han asegurado el jefe negociador del Gobierno Nacional en La Habana, Humberto De la Calle, y el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. Se han hecho alusiones a un apoyo económico para la reinserción a la vida civil de los desmovilizados, pero sin mayor definición.

Otro de los grandes mitos es que se les va a regalar un cuarto del paí­s. Resulta gracioso que esto provoque indignación, puesto que el 60% de la población vive en seis de los 33 departamentos que tiene Colombia, según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadí­stica. En un mapa poblacional del paí­s salta a la vista el brusco contraste entre la zona del norte y occidente, situada en el área andina y la costa atlántica, donde se encuentra la mayor parte de núcleos urbanos, y la zona sur y suroriental, conformada por un vasto y en muchos casos difí­cilmente accesible territorio de selva, llanos y páramos con livianas poblaciones campesinas donde la presencia del Estado es minúscula. Gracias a esta realidad geográfica, la guerrilla ha logrado subsistir tantos años. El narcotráfico también se ampara en las sombras de esta ausencia institucional. O sea que el Estado ni tiene la capacidad ni ha mostrado la voluntad de hacerse cargo de más de la mitad del territorio.

Más allá de que resulta curioso que la población y algunos segmentos de poder se escandalicen de que el Estado “quiera regalar” una parte del paí­s de la que nunca nadie se preocupó, esto tampoco es tan plano como se lee. De momento no se ha definido si les van a donar tierras, sólo que se van a establecer unas áreas donde se va a concentrar a una parte de la guerrilla de forma transitoria. Son las llamadas “zonas de concentración” o “zonas de ubicación temporal”.

Otro argumento escuchado de forma reiterada contra el proceso es que van a amnistiar a los guerrilleros. Esto es cierto en el caso de los delitos de rebelión y conexos, es decir, los delitos cometidos con el fin de la rebelión. De aquí­ se excluyen los delitos de lesa humanidad, que no son amnistiables ni indultables. Por ellos sus responsables deberán pagar penas, que no serán de cárcel siempre que confiesen su responsabilidad y cuenten todo lo ocurrido, contrastando estas declaraciones con las de las ví­ctimas.

Conforme avanzan las negociaciones van apareciendo nuevos asuntos espinosos. Es importante analizarlos y ver cuánta verdad hay en los argumentos que se reproducen en los medios porque quienes impulsan el rechazo cuentan con sus propios intereses.

Está siendo un proceso complejo, puesto que los temas a tratar abarcan aspectos judiciales, de reparación a las ví­ctimas, de la titularidad de las tierras e incluso relativos a los cultivos ilí­citos y el narcotráfico. Por eso es importante que la sociedad se mantenga atenta y que las instituciones transparenten al máximo los acuerdos a los que se está llegando y sus implicaciones.

(*) Begoña Barberá es periodista, feminista y colaboradora de ContraPunto. Puedes leer más en su blog  http://aventuriar.blogspot.com.co/

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