Tres propuestas para la aprobación de una Ley General de Aguas están estancadas entre las gavetas y la falta de acuerdos de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa que discute una de ellas desde el año 2006 y otra desde el 2012 sin que se realicen las diligencias necesarias para su aprobación.
El Foro del Agua presentó un anteproyecto de Ley de Aguas en el año 2006 y que fue actualizado en 2011 y 2013. Para el año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó otra propuesta de ley ante dicha comisión legislativa. Ambas coinciden en que quien debe regir la autoridad sobre el agua en el país sea una autoridad pública. El partido FMLN respalda la moción.
Empero otro actor ha incursionado en la discusión. Se trata de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quien por medio del partido ARENA presentó una tercera propuesta en la que sugiere que sea una autónoma con representantes de la empresa privada los que rijan el agua del país.
Los empresarios proponen que sea una autónoma adscrita al MARN, y por tanto la autoridad tendría una Junta Directiva con integrantes provenientes de entidades públicas y otros de sectores de las universidades, gremiales agropecuarias, industriales y turísticos. El problema con esa directiva, según el Foro del Agua, es que se tendrán más integrantes del sector privado que del Estado, y eso podría paulatinamente encaminarse a la privatización del agua.
“Nos oponemos porque ANEP representa los intereses de los empresarios y ellos son los grandes usuarios del agua que la usan como materia prima. Todos ellos son financistas de la ANEP. Van a regular a favor de quienes les pusieron en ese cargo”, afirma Carlos Flores, miembro del Foro.
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Ambas propuestas sobre el ente rector son el tronco en el río que impide que la Ley del Agua fluya libre hacia su aprobación.
De acuerdo con Francis Zablah, diputado del partido GANA y miembro de la comisión que estudia las propuestas, la polarización política de los partidos de extrema impide que se siga discutiendo. Dice que durante la legislación 2012-2015, él presidió la comisión alcanzando a discutir hasta el artículo 96 de 150 artículos.
“Como no se ponen de acuerdo en el ente rector, no hay ley. O porque los intereses de los dos partidos de extrema son diferentes a los intereses de El Salvador”, expresa Zablah quien agrega que durante esta legislación, 2015-2018, solo se ha discutido dos veces y se ha vuelto a engavetar.
Por otro lado, la postura del FMLN al respecto es clara: “el agua es un derecho humano y un bien público, por lo tanto el acceso es un derecho para todas las personas. Siendo el agua un derecho humano y no una mercancía, la autoridad debe ser de carácter público estatal”, dijo a ContraPunto, Guillermo Mata, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y diputado del partido oficial.
El parlamentario expresa que la participación de la empresa privada en una autoridad hídrica es un conflicto de intereses porque no pueden ser reguladores y estar regulados al mismo tiempo. Además sostiene que hay países que han optado por tener a una autoridad pública que regule el tema.
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Este medio intentó obtener una postura de parte del partido ARENA, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Sin embargo, en una entrevista realizada por un diario local y retomada por el sitio web del partido ARENA, el diputado arenero Jhonny Wright Sol defiende la participación de la empresa privada en un ente que regule la política hídrica en el país. Asegura que se trata de incluir a sectores en decisiones sobre el recurso hídrico, no de privatización.
“Hemos visto al Ejecutivo diciendo claramente que han estado en la mesa discutiendo con el sector privado. No se trata de tener ese control para detener todo aquello que no le conviene a la empresa privada, sino reconocer que son actores importantísimos en asegurar que el recurso y la huella hídrica lograr reducirla a cero”, expresa Wright en dicha entrevista.
Mientras el entrampamiento sigue, la población se desvive acarreando, comprando agua o intentando tomar la poca que queda de los agónicos ríos explotados por la empresa privada, sin ley que regule el recurso hídrico de uno de los países más deforestados de la región.
