Un representante de Tutela Legal y el Instituto de Medicina Legal habrían entrado en un debate por la supuesta desaparición de pruebas de ADN realizadas en 2016 a familiares de víctimas de la masacre de caserío El Mozote, cantón La Joya, Meanguera, Morazán.
El problema se desató luego que en redes sociales circulara que el abogado y miembro de Tutela Legal, Wilfredo Medrano, dijera que las muestras habían sido extraviadas por negligencia de Medicina Legal.
Sin embargo, el periódico digital Contrapunto lo consultó ante estas declaraciones, por lo que especificó que no dijo que habían desaparecido sino que no han sido conservadas correctamente.
“No es que hayan desaparecido sino que lo que sucede es que no fueron conservadas, son muestras de sangre que sacarán en 2016 a 25 familiares y no conservarán condiciones determinadas en Medicina Legal, se envejecieron y según lo que consideraron los genetistas ya no es útil para hacer la comparación genética entre los restos con la sangre ", señaló.
En este sentido, dijo que no sabe qué protocolos usarán para guardar las muestras, porque tuvieron que pasar tres años para volver a sacarlas para que los familiares puedan obtener los restos.
Agregó, que esta nueva extracción de sangre se realizó en noviembre de este año y ahora las tienen en custodia nuevamente.
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Ante esta estos señalamientos, la Corte Suprema de Justicia institución a la que Medicina Legal pertenece, emitió un comunicado desmintiendo la desaparición de las pruebas.
"Las muestras han sido resguardadas con las cadenas de custodia correspondientes y bajo un sistema de almacenamiento y conservación de evidencias, específicamente —entre otras- para evitar confusión o extravío de las mismas", reza un extracto del comunicado de la Corte.
En este sentido, CSJ especificó qué cumplió con los requisitos de la Fiscalía General de la República o en su caso del juez de la causa.
"Algunos de los resultados de las muestras de referencia provenientes de familiares de víctimas fueron re-analizados, obedeciendo única y exclusivamente a los procedimientos de control de calidad mundialmente aceptados, como una práctica de rutina en casos de lesa humanidad, con el objeto de obtener alcalde certeza en el dictamen ”, detalló la entidad.
En respuesta a esto último, Medrano negó que se tratara de un control de calidad sino que es una negligencia de la institución en sus protocolos.
“Yo he estado ahí, ahí estaba la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos cuando dijeron eso, porque si fuera cierto que tienen esas muestras de 2016 con rigurosidad científica, no hubieran tomado muestras nuevamente. En otras palabras las dejaron que se perdieran o a saber que pasó con ellas, es grave porque se rompe la cadena de custodia. Es una prueba importante, que puede arrojar mucha más evidencia probatoria en el proceso, ya que dio positivo a las osamentas ”, reafirmó.
Por lo tanto, sostuvo que la FGR debería de tomar cartas en el asunto, para saber qué sucedió en ese caso.
