Diputados tienen dudas sobre resultados de Plan Control Territorial

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El ministro de Justicia y Seguridad y el ministro de la Defensa, fueron convocados a la Comisión de Seguridad de la Asamblea, para que dieran detalles del programa antidelincuencial que realiza el Ejecutivo desde junio del año pasado.

Con las cortinas hacia abajo y los micrófonos apagados para que los periodistas de diferentes medios de comunicación no escucharan la conversación que mantenían diputados y los titulares de Justicia, Rogelio Rivas y de Defensa, René Merino, así se realizó la sesión en la Comisión de Seguridad de la Asamblea.

Previo al inicio de la reunión, el presidente de dicha instancia, José Almendáriz, fue abordado por los comunicadores para que comentara sobre la agenda del día.

El también coronel en situación de retiro, explicó que en esencia están interesados en conocer en detalle el plan de seguridad pública que impulsa el Gobierno desde mediados de junio de 2019.

Para el legislador del Partido de Concertación Nacional (PCN), parte de los logros que se han obtenido, comenzaron en el 2016, cuando el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), anunció la puesta en marcha de las medidas extraordinarias.

Recordó que se aprobaron reformas, así como la aprobación de préstamos y otro tipo de recursos.

“Hoy hemos escuchado del Control Territorial y como militar que soy estoy confundido. ¿Será que el nombre de Control Territorial es el nombre completo del plan? Porque para nosotros los militares el control territorial es parte de un plan y esas son nuestras dudas”.

La Comisión de Hacienda, autorizó el lunes al Estado la suscripción de un préstamos de $109 millones para la fase III del Plan Control Territorial, pero es en este punto en donde comienzan a surgir las dudas de los legisladores.

Almendáriz explicó que hay lugares en el país en donde se tienen que aplicar políticas criminales porque está copado de delincuencia, pero hay otras áreas en donde se tendrían que ejecutar acciones de carácter social para evitar que la criminalidad llegue.

Raúl Beltrán Bonilla, también del PCN, dijo que es necesario que conozcan con exactitud cuáles son las políticas de Estado en materia de seguridad.

Se le preguntó al legislador cuáles son las dudas que tienen, pero se limitó a decir que no podían revelarlas, pues los puntos centrales son si están funcionando los programas que lleva a cabo el Gobierno.

“Si la inversión está correcta, si la operatividad es perfecta, qué está pasando con el resurgimiento de crímenes; hay cuestiones que por seguridad no se pueden revelar”.

Beltrán Bonilla manifestó que para seguridad la Asamblea ha aprobado cerca de $200 millones, pero hasta ahora, los resultados si bien han sido satisfactorios por ejemplo en la baja de homicidios, no es el caso en el tema de desaparecidos. También ha habido repunte de crímenes.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Rodrigo Ávila, consideró que el presupuesto con el que cuenta Seguridad Pública es el más alto que se ha dado en cualquier administración presidencial. Para la comisión es importante saber en qué están utilizando los fondos y conocer los resultados.

Pero lo que les preocupa es que de pronto hay un alza de asesinatos. “Me extrañó la semana pasada que se dijo que no hubo homicidios. Pero sí hubo enfrentamientos entre policías y delincuentes, al parecer no se están tomando en cuenta aquellas muertes que son provocadas por el uso legítimo por parte de las autoridades, como que se han excluido”.

Antes del 2006, cuando aún no existía un acuerdo tripartito entre la Policía Nacional Civil (PNC), Instituto de Medicina Legal y Fiscalía General de la República (FGR), incluso los fallecidos en accidentes de tránsito se contabilizaban como homicidios, por eso no es cierto cuando afirman que desde la firma de los Acuerdos de Paz no se había dado una reducción de crímenes.

Rodrigo Ávila fue director de la PNC en dos ocasiones: (1994-1999) y (2006-2008). Para el legislador no se trata de que bajen solo los homicidios, también los mismos resultados deberían darse en delitos de extorsión, personas desaparecidas y todo tipo de delincuencia.

Tiene claro que el Plan Control Territorial está dando sus frutos en algunos lugares, pero en otros no. Lo que denomina “cifras grises” son enormes para Ávila porque muchos ciudadanos sufren de desplazamiento forzado por la violencia, son amenazados si no entregan dinero a las pandillas.

Para el parlamentario de derecha, la tregua entre pandillas lo único que provocó fue que aumentaran. “Solo para darles una idea en el 2010 solo el 23 por ciento de los municipios de El Salvador tenían estructuras permanentes de una u otra pandilla y hoy, tristemente ha saltado al 92 por ciento, se pueden contar con los dedos de la mano los municipios donde no hay pandillas”, precisó.

Todo esto, enfatizó, fue ocasionado por la tregua con pandillas que permitió que germinaran.

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Carlos Ramos
Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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