Tras la alarma social por el incremento de personas desaparecidas en El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma parcial al Código Penal, para incorporar el artículo 148-A y establecer que quien de cualquier forma privare a otro de su libertad cuando esta acción fuera seguida de la desaparición u ocultamiento del paradero o localización de la víctima, será sancionado con pena de quince a veinte y cinco años de prisión.
Entre las razones expuestas para la aprobación del decreto legislativo, se destaca que de enero a junio de este año se registraron más de 1,800 denuncias de personas desparecidas, un “fenómeno social que debe ser enfrentado por medio de las leyes”, dado que la legislación vigente no establece el delito de desaparición cometida por particulares, incluidos grupos delincuenciales.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Mario Tenorio de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), expresó su satisfacción por el logro alcanzado de manera unánime por los diputados de todos los grupos parlamentarios. “Este día estamos creando una nueva figura en el Código Penal, como la desaparición de personas, que quedará plasmado en el artículo 148-A; las desapariciones continúan y es un flagelo que hay que combatir”.
Por su parte, el parlamentario Rodrigo Ávila de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), indicó que la aprobación de esta herramienta jurídica “tiene una importancia vital en este momento que las desapariciones forzadas son endémicas en nuestro país, ya que miles de familias en nuestro país sufrieron la perdida, la ausencia, la incertidumbre por no saber el paradero de sus familiares”.
Al respecto, el diputado Javier Valdez del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), reafirmó su compromiso y dijo: “Vamos a concurrir con nuestros votos porque con esta herramienta se podrá combatir la inseguridad en nuestro país al crear un delito penal para ayudar a la Fiscalía General de la República, en su lucha contra el crimen organizado responsable de varios delitos, como la desaparición forzada de personas”.
La comisión de legislación para emitir el dictamen realizó un extenso proceso de consultas con los aplicadores de justicia y consideró insumos técnicos proporcionados por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscalía General de la República (FGR) y Procuraduría General de la República (PGR), con quienes se sostuvo diversas reuniones dentro de dicha instancia de trabajo.
