Las carpetas de cartón con material “desclasificado” referente al caso de la masacre de El Mozote y presentado por el presidente de la República, Nayib Bukele, el 24 de septiembre, contiene nada más y nada menos que archivos que ya se encuentran en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, informó, el queréllate del proceso, David Morales.
Por lo tanto, esta es la forma de responder de la Fuerza Armada a la solicitud que el juez de Instrucción hizo desde 2016 al 2020, para poder obtener estos archivos que habían sido guardados celosamente por gobiernos de ARENA y el FMLN.
“Nosotros vamos a desclasificar voluntariamente estos archivos porque creemos que ya no tienen ningún valor estratégico”, expresó Bukele en conferencia y sostuvo que su acto era inédito porque había buscado y entregado información referente al caso. Sin embargo, minutos antes el mandatario nombró como embajadora de El Salvador en Washington a la diputada disidente, Milena Mayorga, quien es esposa del hijo del Coronel Domingo Monterrosa, quien dirigió la operación Atlacatl, con la que se cometió la peor masacre de la reciente historia de América Latina.
En una nota enviada por el secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro, se explica que los documentos no fueron sustraídos, como dijo el presidente, sino son copias.
“Se le hace entrega de cinco cajas, y se aclara en el referido oficio que tales documentos no han sido sustraídos de los archivos de las distintas dependencias militares, sino que fueron remitidos a esa presidencia en copia”, dice el oficio del juez.
El abogado defensor ha mostrado su descontento, debido a que con esta acción es una verdadera muestra de que no se quiere colaborar con el proceso, pese a que el mandatario dijo en reiteradas ocasiones de que, si el juzgador pedía archivos de la “A” a la “F”, él haría llegar hasta la “Z”.
“Únicamente contienen fotocopias de los informes que ya el Gobierno había enviado al tribunal en los años anteriores, en su mayoría se trata de fotocopias de informes que envió el Gobierno anterior, ni siquiera el Gobierno actual, por lo tanto, no se ha desclasificado nada, no se ha liberado información del caso, que consta y que existe en el Estado Mayor”, afirmó Morales.
El acusador particular del caso El Mozote, detalló que las copias son informes del Gobierno anterior y dos informes del actual negando los archivos.
“Todo fue un montaje para la cadena nacional. Siguen protegiendo criminales guerra, en vano. La persistencia de las víctimas puede más que la propaganda”, reprochó el abogado.
Sexto bloqueo a la inspección de los archivos militares
Por sexta ocasión, no se le permitió el ingreso al juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, para realizar la diligencia en el Destacamento Militar N°4 de San Francisco Gotera, que fue el último lugar a visitar.
En esta ocasión, el militar que recibió al juez le dijo que “Con el debido respeto y como le respeto señor juez cualquier información o una mayor información que usted necesite lo puede hacer a través de un escrito en el Ministerio de la Defensa Nacional”.
A esto el juez respondió: “Bueno, hacerle ver que todos estos bloqueos a ingreso a unidades militares podría ser debidamente investigado, porque se trata de una desobediencia a decisiones judiciales y en ese proceso de investigación, no solo podrían resultar involucrados no solo las personas que les ordenan a ustedes sino ustedes mismos por estar obedeciendo órdenes ilegales, el Código de Justicia Militar es claro, que ustedes como efectivos militares no están obligados a obedecer órdenes que son ilegales”.
Ante esto, lo que procederá es la certificación de las actas de los bloqueos en las unidades militares a la Fiscalía General de la República (FGR) y que se investigue y procese al presidente, Nayib Bukele, como al ministro de Defensa, René Merino Monroy por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, encubrimiento y desobediencia a una orden judicial
“La Fuerza Armada ha cerrado las puertas a la justicia y está protegiendo a los responsables del asesinato de más de mil personas, la mitad de ellos niños y niñas, no tiene sentido n un país que formo la paz hace 30 años, esto deja entredicho nuestra democracia y la voluntad de cumplir sus obligaciones de derechos humanos del actual gobierno”, expresó Morales.
Ante los bloqueos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha corrido orden a la Presidencia de la República, y ha dado hasta el 5 de noviembre para que explique los motivos para impedir las inspecciones de archivos militares.
El gobierno no ha permitido el ingreso a el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (21 de septiembre del 2020), al Estado Mayor de Fuerza Aérea, en Ilopango (el 12 de octubre del 2020), a la Segunda Brigada Aérea, en San Luis Talpa (el 13 de octubre del 2020), a la Brigada de Infantería "Óscar Osorio", en San Juan Opico, (el 14 de octubre del 2020) y a la Tercer Brigada de Infantería de San Miguel, el (27 de octubre del 2020).
La masacre de El Mozote tuvo lugar en el marco de la guerra interna de El Salvador, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número personas asesinadas ascendió al menos a 988.
Una ley de amnistía en 1993 cerró el caso por más de 20 años, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló esta ley en 2016 y ese mismo año se reabrió el proceso.
Organización estadounidense señala a Bukele de favorecer la impunidad
La organización Just Security que tiene su sede en el Centro Reiss de Derecho y Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, publicó un artículo donde expone que el mandatario salvadoreño se ha puesto en favor de la impunidad.
En su artículo, la entidad recoge los acontecimientos registrados actualmente y expone la forma injustificada con la cual se han retenido los documentos relacionados a la masacre.
Además, destaca que en la asignaciones de 2020 del Congreso de Estados Unidos , se encuentra la orden de la Cámara y del Senado al Departamento de Estado, para buscar y entregar los documentos relevantes que contengan información de El Mozote.
Asimismo, plantea que, en enero de 2020, Guzmán escribió al secretario de Estado, Mike Pompeo, solicitando tipos específicos de documentos, basados en esas directivas del Congreso. Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha respondido.
Mientras tanto, Guzmán nombró al profesor emérito de ciencias políticas y estudios latinoamericanos de la Universidad de Stanford, Terry Karl, como testigo experto para ayudar al tribunal a dar sentido a los documentos desclasificados y ponerlos en contexto.
Karl, contribuyó con su declaración en España, para la condena de 30 años en contra del excoronel, Inocente Montano, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, hecho ocurrido en 1989 en el campus de la UCA.
“Mientras tanto, los acusados están muriendo, y una mayor demora aumenta el riesgo de que prevalezca la “impunidad biológica”. Aún así, la insistencia cada vez más pública del juez de que se diga la verdad y de que los sobrevivientes tengan su día en la corte brinda esperanza no solo a las víctimas de El Mozote sino a las decenas de otras masacres cometidas durante la guerra civil”, concluye su artículo la profesora y master en Políticas Públicas, Naomi Roht-Arriaza, quien ha realizado numerosas capacitaciones en derecho penal internacional para fiscales, jueces y grupos de la sociedad civil en El Salvador.
