Por Redacción ContraPunto
Este **viernes el presidente de la República, Nayib Bukele, utilizó su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter) para destacar el avance de su programa de trabajo penitenciario, afirmando que miles de privados de libertad en El Salvador se encuentran actualmente laborando en actividades productivas bajo un esquema que les permite reducir su condena.
En su mensaje, el mandatario detalló que 6 000 internos están dedicados a la fabricación de ropa, incluyendo prendas destinadas a instituciones públicas, como parte de un esfuerzo por integrar a la población carcelaria en labores que aporten al país. Además, Bukele aseguró que un total de 45 000 reclusos se encuentran trabajando en diversas áreas productivas, lo que, según dijo, representa un porcentaje creciente de la población penitenciaria.
“El trabajo tiene un incentivo claro: cada día trabajado cuenta como dos días de condena cumplida”, escribió el presidente en la plataforma digital, resaltando la doble contabilización como un estímulo para la participación de los internos en estas labores. Bukele explicó que esta medida forma parte de lo que su administración denomina el “Plan Cero Ocio”, un programa orientado a reducir la inactividad dentro de los centros penitenciarios y promover la reinserción social.
El jefe de Estado enfatizó que este beneficio no aplica para reos sentenciados por delitos de extrema gravedad, subrayando que “este programa NO está disponible para asesinos ni violadores”, un punto que busca diferenciar los criterios de elegibilidad dentro del sistema.
Según Bukele, el objetivo es que este modelo productivo llegue a involucrar a la mitad de la población carcelaria salvadoreña en el corto plazo, lo que implicaría expandir aún más las oportunidades de trabajo dentro de las prisiones.
Las declaraciones del presidente han generado diversas reacciones, tanto de apoyo como de cuestionamientos, en torno a la eficacia y ética de los programas de trabajo penitenciario, así como su impacto sobre los derechos de los internos y la administración de justicia. Aunque el Gobierno defiende estas políticas como herramientas de rehabilitación y reducción de costos para el Estado, observadores independientes y organizaciones de derechos humanos han señalado la importancia de supervisar de cerca estos procesos para garantizar la protección de los derechos fundamentales.
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