La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) hizo un llamado a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a iniciar lo antes posible los respectivas auditorías patrimoniales a alcaldes en funciones y exalcaldes, principalmente de las comunas que son señaladas por irregularidades, con el fin de prevenir el enriquecimiento ilícito a costa de la Hacienda Pública Municipal.
“Transcurrido poco más de un año de gestión de los Concejos Municipales electos o reelectos en las pasadas elecciones del 2015, a la fecha, la Sección de Probidad aún no ha elaborado los respectivos exámenes de patrimonio a las declaraciones juradas de patrimonio de un alto porcentaje de exfuncionarios que no fueron reelectos y de un buen número de funcionarios que actualmente continúan en sus cargos”, lamenta ISD por medio de un comunicado.
ISD denunció irregularidades detectadas en recurrentes denuncias a su Área de Transparencia y Anticorrupción relacionadas al trabajo que han realizado algunos Concejos Municipales Plurales durante este primer año de gestión municipal.
Además muestra su preocupación ante las investigaciones en contra de algunos Consejos Municipales investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles nexos con pandillas, a quienes según FGR se les favoreció en alguna manera a costa de la hacienda pública municipal, entregando recursos o facilidades por parte de algunos empleados de las comunas investigadas.
“Condenamos estos hechos y consideramos que no es aceptable bajo ninguna circunstancia que funcionarios y servidores públicos negocien o se relacionen de alguna manera al margen de la Ley, con miembros de pandillas o grupos delincuenciales”, expresa la organización.
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ISD asegura haber documentado el otorgamiento irregular por el anterior Concejo Municipal de San Miguel de contratos de arrendamiento y de explotación de bienes públicos municipales a favor de una asociación particular, específicamente en el caso la explotación del Estadio Municipal "Juan Francisco Barraza".
“En este caso existen desde el año 2009 contratos de arrendamiento y de explotación suscritos que a nuestro criterio generan condiciones o favorecen de manera irregular a la contraparte particular por sobre los intereses del municipio”, expresa esta organización.
Otro de los casos que ven con preocupación son los de las comunas de Concepción de Ataco en el departamento de Ahuachapán, San Alejo en La Unión y Santa María de Usulután en las que se suscitaron acciones relacionadas al mal manejo de las funciones públicas, el abuso de poder público municipal concentrando la toma de decisiones y el uso discrecional de los fondos públicos.
Por lo anterior ISD hace un llamado a las instituciones correspondiente como la FGR, Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y Corte de Cuentas de la República (CCR) a ejercer su rol contralor de manera más efectiva, objetiva e imparcial, verificando y dando seguimiento a denuncias, avisos y señalamientos sobre ilegalidades o irregularidades en torno a las gestiones municipales, ya sean actuales o pasadas.
Concluyen también con un llamado a las municipalidades involucradas en irregularidades a someterse a las investigaciones correspondientes y asuman las consecuencias jurídicas de sus actos.
