La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar las diligencias respectivas de acuerdo a la ley, a consecuencia del traslado de un grupo de más de 60 personas se encontraban en centro de contención desde hace más de 40 días en el Centro de Retiros Nuestra Señora del Monte Carmelo, en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo a la institución, el a los retenidos se les ha practicado 4 pruebas para detectar la Covid-19; los resultados de tres de ellas fueron informados, tenían pendiente los resultados de la cuarta prueba.
Los retenidos informaron que los resultados en las tres pruebas fueron negativos, pero que eventualmente llegaban a retirar a personas a quienes informaban que habían dado positivo. Ante esto, eran retiradas del lugar y no se sabía hacia dónde eran trasladadas.
Por lo tanto, FESPAD indicó que tuvo conocimiento que los ciudadanos mostraron su descontento al interior del centro de contención, lo que llevó a la intervención de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) así como del sobrevuelo de helicópteros de las fuerzas de seguridad.
Esta situación se repitió ayer, pero en esta ocasión fue grabada y difundida en redes sociales. En el material audiovisual denunciaban, entre otras cosas, recibir amenazas por parte del responsable del Centro de Retiros, en el sentido que no denunciaran las condiciones en que se encontraban; además, se declararon en huelga de hambre.
Como consecuencia de la denuncia realizada por medio del video, en horas de la tarde, las personas de las tres secciones fueron distribuidas a distintos centros de detención ilegal (denominados centros de contención).
Las personas que estaban en la sección que el día 14 de mayo mostraron su descontento, fueron trasladadas hacia un lugar en el departamento de Morazán.
Las personas de otra sección fueron trasladadas al centro de detención de Ciudad Mujer, en el cantón Lourdes, del municipio de Colón. De las personas de la otra sección no se obtuvo información.
Ante estos hechos, la organización manifestó su descontento y solicitó a las autoridades a actuar, para corregir este tipo de acciones, que según FESPAD atenta contra las garantías constitucionales para los ciudadanos.
“Ante los hechos verificables de que las personas aún se encuentran en detención arbitraria; en FESPAD somos del criterio que podría estarse configurando, por parte de las autoridades obligadas a cumplir la resolución de la SC, lo establecido en los artículos 244 y 245 de la Constitución; así como el tipo penal de “desobediencia” establecido en el artículo 322 del Código Penal”, reza un extracto del comunicado.
Por otra parte, el gobierno salvadoreño ha indicado que están trabajando, para que la atención en los centros de contención se desarrolle en los marcos legales y han insistido en reiteradas ocasiones el evitar salir de casa si no se tiene una justificación de peso.
