Pertenecer a un grupo pandilleril o criminal será penado con 30 años de cárcel, mientras los cabecillas de estas estructuras purgarán una pena de 45 años de prisión, según las reformas al Código Penal que fueron aprobadas, este miércoles, con 76 votos por la Asamblea Legislativa durante plenaria extraordinaria.
Los partidos Fmln, Vamos y Nuestro Tiempo no acompañaron con sus votos.
Estas reformas forman parte del paquete de medidas que el gobierno presentó ante el parlamento salvadoreño, con el fin de seguir con el combate a las estructuras criminales que delinquen en todo el territorio salvadoreño.
El Gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Bukele entregó los anteproyectos a la presidencia de la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, la propuesta consiste en una serie de reformas de ley que buscan efectuar un combate frontal hacia los grupos delictivos.
Del mismo modo, René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, explicó que las piezas de correspondencia presentadas están encaminadas a proporcionar a los miembros del Gabinete de Seguridad, herramientas legales, así como los recursos económicos necesarios para continuar con la lucha contra las estructuras criminales.
La medida surge por petición hecha por el mandatario, Nayib Bukele, orientado en fortalecer el estado de excepción girado el domingo, para combatir y reducir el alza de los homicidios que dejaron un saldo de 85 personas fallecidas durante el fin de semana.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, también solicitó reformar el presupuesto 2022 para incorporar tres iniciativas. Una para “financiar el equipamiento y armamento” de la PNC por US$30 millones, otra para fortalecer a la Fuerza Armada y una tercera para el fondo de recompensas.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, adelantó en conferencia de prensa antes del inicio de la plenaria que las iniciativas serán aprobadas con dispensa de trámite.
“No hay nada que discutir”, sentenció.
Desde el domingo 27 de marzo El Salvador se encuentra bajo un Régimen de Excepción declarado por el alza de homicidios que ocurrieron entre el viernes 25 y sábado 26 de marzo. En menos de 48 horas más de 80 personas fueron asesinadas de forma violenta. Un hecho de tal magnitud no ocurría desde 2015 cuando en un solo día se registraron 51 homicidios.
Es así que los parlamentarios aprobaron también en una plenaria extraordinaria un decreto de excepción para suspender varias garantías constitucionales.
Entre los derechos suspendidos está la libertad de asociación, el derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia y también quedó sin efecto la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial. Además, se extendió el plazo de detención administrativa a 15 días, cuando en tiempos normales es de 72 horas.
Sin embargo, la oposición política, abogados y defensores de derechos humanos han advertido que el gobierno está restringiendo también el derecho de libre circulación, algo que no estaba contemplado en el decreto legislativo 333 aprobado por los diputados el domingo pasado.
En varias colonias y comunidades de San Salvador, se ha observado a agentes de la Policía y militares registrando a personas y prohibiendo o limitando la circulación de ciudadanos en algunos sectores que supuestamente están dominados por las pandillas.
