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miércoles, 28 de julio del 2021

Peritos y supuestos cómplices de la desaparición de Carla Ayala rinden declaraciones

Al menos 17 de 100 testigos y peritos dieron sus declaraciones ésta mañana, detallando las circunstancia de muerte de Carla Ayala. Con la información se espera deducir la responsabilidad de 13 acusados en el asesinato.

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Esta mañana, tres especialistas del Ministerio Público y cuatro testigos rindieron sus declaraciones ante la desaparición, el secuestro y asesinato de la ex-agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Carla Mayarí Ayala Palacios, el pasado 28 de diciembre de 2017.

La Fiscalía General de la República (FGR) destaca que los acusados de la corporación policial eran miembros del extinto Grupo de Reacción Policial (GPR). Y detalla que los acontecimientos se desarrollaron en medio de una “celebración navideña”.

Especialistas rindieron sus declaraciones

El desfile de peritos se llevó a cabo ésta tarde, en el Juzgado Primero de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para la Mujer. Cuatro especialistas del proceso dieron sus declaraciones ante la Juez Glenda Yamileth Baires.

El perito de Medicina Legal rindió declaraciones sobre los detalles del cuerpo de la policía. Determinó que el cuerpo de la víctima habría sido encontrado en el cementerio clandestino del GRP.

El Criminalista de la FGR destacó, asimismo, que la víctima habría sido encontrada con lesiones de bala en el cráneo.

El Analista y Extractor de la Información de la FGR expuso detalles de las llamadas y audios de los acusados, información requerida para deducir la responsabilidad delos acusados en el crimen.

Se discute la responsabilidad de 13 ex-policías

La FGR, por su parte, presume la culpabilidad de trece miembros de la corporación policial. Los delitos atribuídos son los de “feminicidio agravado en comisión por omisión, incumplimiento de deberes e incumplimiento de deberes ”.

El principal sospechoso del asesinato de Carla es Juan Josué Castillo, apodado como “Samurai”, y declarado por las autoridades como prófugo de la justicia, desde el pasado 29 de diciembre de 2017, tras “amenazarla”, “herirla” y ”raptarla”, según lo detalla la institución investigadora.

Por el delito de “Feminicidio Agravado”, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV) establece una sanción de 30 a 50 años de prisión que cometieren empleados o funcionarios públicos; o si el hecho fuere cometido por más de dos personas, si existiera abuso de superioridad, entre otras condiciones así definidas en el artículo 46 de la misma.

Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco Morales, del mismo modo, son juzgados por la supuesta comisión de los delitos de “feminicidio agravado en comisión por omisión”; mientras que a Víctor Castillo Campos se le acusa como “cómplice no necesario de feminicidio Agravado”.

Asimismo, otros cinco civiles son juzgados por el delito de Incumplimiento de Deberes, causa penal prevista en el artículo 321 del Código Penal, consistente en la omisión ilegal y el acto de “rehusarse hacer o retardarse en algún acto propio de su función” a su cargo.

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Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
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