La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entregó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 207 denuncias por detenciones ilegales por supuestamente violentar la cuarentena domiciliar
Los hechos habrían ocurrido entre el 29 de abril y el 5 de mayo, cuando se registraron 14 detenciones ilegales o arbitrarias a nivel nacional. Esas 14 personas capturadas se suman a las 193 documentadas por la Procuraduría en su segundo informe, que ocurrieron entre el 23 y 30 de abril.
De los detenidos, 10 fueron hombres, dos mujeres y dos detenciones arbitrarias fueron realizadas de manera colectiva. Dentro de las detenciones colectivas se incluye a un grupo de 10 personas detenidas en el municipio de Tepecoyo, del departamento de La Libertad.
Al menos 11 de las detenciones fueron perpetradas por oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), en dos casos fue señalado personal el Ministerio de Salud (Minsal) y en una denuncia, la detención fue realizada por agentes de la corporación policial en conjunto con miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
El 50 % de capturas arbitrarias han sido en Usulután, el 21.4 % en San Salvador y el resto de capturas se registraron los departamentos de Santa Ana, La Libertad y Sonsonate. Según la PDDH, en un 100 % de denuncias documentadas, las personas están albergadas en centros de contención de la pandemia del COVID-19.
El informe también señala que, en los centros de contención, los detenidos se les continúa violentando su derecho de acceso a la información debido a que no recibieron los resultados de sus pruebas de coronavirus para determinar si están infectados por la enfermedad y no conocen cuantos días estarán en los albergues.
Este es el tercer informe que la procuraduría presente a la Sala de lo Constitucional para cumplir con el fallo del hábeas corpus 148-2020, donde los magistrados ordenaron que las personas no podían ser detenidas por violentar la cuarentena, sin antes determinarse si estaban contagiados con coronavirus.
