De acuerdo al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, en cumplimiento de su deber de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y acatando especialmente la resolución previamente emitida por Naciones Unidas, a favor del empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais, se pronunció en un comunicado que al empresario Enrique Rais “se le violentaron sus derechos humanos al debido proceso legal, por inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal, por detención ilegal; así como el incumplimiento a la Ley de Escuchas Telefónicas”.
Según el abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de Enrique Rais, presentó y expuso la mencionada resolución emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la cual manifiesta, el citado profesional, viene a reiterar lo previamente decidido por Naciones Unidas, que al conocer el caso de la persecución penal promovida con prueba ilegal, sobre todo con escuchas ilegales, en las que no existe autorización judicial para intervenir las comunicaciones del Sr. Rais, ni se capta ningún hecho irregular de éste, ni era sujeto de investigación, determinó que el empresario es víctima de abuso de poder y sufre una privación de libertad personal.
Ante los hechos, el pronunciamiento del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, acatando especialmente la resolución previamente emitida por Naciones Unidas, a favor del empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais, reiteró que se violentaron los derechos humanos al debido proceso legal, por inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica, a la libertad personal, por detención ilegal; así como el incumplimiento a la Ley de Escuchas Telefónicas.
El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de Enrique Rais, presentó y expuso la mencionada resolución emitida por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que manifiesta que viene a reiterar lo previamente decidido por Naciones Unidas, que al conocer el caso de la persecución penal promovida con prueba ilegal, sobre todo con escuchas ilegales, en las que no existe autorización judicial para intervenir las comunicaciones de Rais, ni se capta ningún hecho irregular de éste, ni era sujeto de investigación, determinó que el empresario es víctima de abuso de poder y sufre una privación de libertad personal.
De acuerdo a Miranda Rubio, la denuncia por violación de derechos humanos en perjuicio de Rais, fue interpuesta ante PDDH, el día 12 de octubre de 2016, contra las actuaciones ilegales cometidas por la Fiscalía General de la República, en ese momento dirigida por el Exfiscal General Douglas Meléndez, las cuales fueron materializadas por medio de los ExDirectores del Centro de Escuchas, Froilán Coto y Sigfredo Campos Crespo; y por el Exjefe y fiscales de la Unidad de Crimen Organizado.
Rais está prófugo de la justicia y se le ha acusado de estafa y administración fraudulenta entre otros delitos.
Pero, de acuerdo al pronunciamiento de Tober, el caso no avanzaba, pese a las múltiples solicitudes y peticiones de medidas cautelares, dada la gravedad de los hechos en perjuicio de Rais, ya que durante toda la administración de la ex procuradora Raquel Caballero de Guevara, el expediente fue “engavetado” quedando en una inactividad total, lo cual queda documentado en propia resolución cuando el actual Procurador manifiesta que: “Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes(…)”, indica el texto oficial de la PDDH.
Y añade que, en la resolución que tiene fecha 28 de junio de 2021, pero que fue notificada el pasado viernes 15 de los corrientes, la PDDH es categórica en afirmar que: “(…) a la luz de la teoría de los derechos humanos -que va más allá de lo estrictamente legal-, se puede concluir que en el proceso penal, promovido en contra de los señores José Aquiles Enrique Rais López… ha existido la violación a los derechos humanos denunciada por sus Apoderados Generales Judiciales por haberse utilizado prueba -en contra de los imputados- que debió haberse destruido, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.”
Douglas Meléndez: infractor de los derechos humanos de Enrique Rais.
La PDDH, además de establecer las vulneraciones sufridas por Rais, en cuanto al debido proceso legal, a la libertad personal, al derecho a la privacidad y secretividad de las telecomunicaciones, reconoció como responsable de las afectaciones ocasionadas a Rais, al Exfiscal general, Douglas Meléndez.
Precisamente desde el inicio de las acusaciones en su contra tanto el empresario como sus abogados sostuvieron no sólo que las órdenes de detención en su contra eran arbitrarias, sino que era víctima de una persecución penal que tenía un trasfondo comercial por sacarlo de sus negocios, principalmente los relacionados con la gestión de los desechos sólidos en Relleno Sanitario y que se fundamentó en pruebas ilegales y pruebas adulteradas. De hecho, tanto el Juez 8º de Instrucción de San Salvador, Mario Mira Montes, como los fiscales del caso, ante lo incontestable de los argumentos y pruebas aportadas por la defensa de Enrique Rais tuvieron que reconocer que nunca contaron con autorización judicial para captar sus comunicaciones telefónicas y que la Técnico informática de Fiscalía, Ena Maricela Granados, alteró y falseó resultados para hacer parecer que unas líneas telefónicas eran utilizadas por Rais, cuando no era cierto.
De acuerdo, a Miranda Rubio, el Exfiscal general, Douglas Meléndez, fue denunciado por las actuaciones contra Rais, desde el mes de junio de 2019, sin embargo el también Exfiscal Raúl Melara, quien fue destituido por la Asamblea Legislativa por graves incumplimientos de deberes e ineptitud en el cargo, no permitió que las investigaciones en Fiscalía avanzaran, es decir que protegió a su predecesor, dejándolo impune.
Sin embargo, la PDDH, además de reconocer la responsabilidad de Meléndez en las infracciones de derechos humanos, requiere al actual titular del Ministerio Público, licenciado Rodolfo Delgado Montes, par que verifique, investigue y sancione las actuaciones de aquellos funcionarios al interior de la oficina fiscal, involucrados en los hechos que concluyeron en infracción de los derechos humanos de Rais.
