Por Guillermo Russo Checa.
En el marco de pretendidas injerencias sobre el Canal de Panamá, es cuando más necesario se hace reforzar el poder de la razón jurídica, de la confianza en las instituciones, como es el caso de esa noble institución que fue y es la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Panamá debería acudir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el Tribunal más importante del mundo, para presentar su demanda con el fin que se ratifique el respeto irrestricto al Acuerdo Torrijos- Carter firmado en 1977 entre Panamá y Estados Unidos. Pacta sunt servanda, y se haga respetar lo que por derecho es de justicia.
De esta forma Panamá plantearía una posición jurídica acorde con el derecho internacional que va más allá de la opinión personal del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y de su manejo político. Que va más allá de la posición mesiánica y autoritaria de quien pretende resolver por la fuerza y sin razón que el canal de Panamá no es de Panamá sino de los Estados Unidos.
Diego García Sayán reconocido Jurista, Ex Ministro de Justicia y Canciller del Perú y ex-Presidente de la Corte Interamericana de Justicia, me ha confiado que de darse esa demanda Panamá estaría en su pleno derecho, actuando con justicia y contando con el apoyo de la comunidad internacional e incluso con la de amplios sectores en los Estados Unidos.
No hace muchos años el Perú llevó el caso de la delimitación marítima con Chile al arbitraje de la Corte. El alto tribunal fijó la frontera marítima, inexistente hasta entonces, y resolvió el diferendo dándole la razón al Perú. Chile aceptó la resolución y se construyeron a partir de ese hecho nuevas y positivas relaciones entre los dos países.
La causa de Panamá es la de América Latina y es legítima pues simboliza en estos tiempos, ante el concierto de las naciones, la lucha antimperialista por la dignidad y la justicia en nuestro continente. Y algo aún más grande, la lucha por la soberanía y el cumplimiento de lo acordado entre los pueblos. Pacta sunt servanda, es la base de la convivencia civilizada entre los hombres y las naciones. La sola mención de un incumplimiento semejante es una invitación al desorden y la barbarie. Este es el momento en que el derecho ha de imponerse por el bien común de todos los pueblos.
Debemos recordar ante las inaceptables pretensiones del Presidente de los Estados Unidos la figura de dos diplomáticos y juristas latinoamericanos que resolvieron con inteligencia crisis inquietantes; que encontraron las fórmulas para dar paz y estabilidad a las relaciones entre los pueblos, como ocurre con la inaudita pretensión del presidente Trump que desconoce un tratado y quiere reapropiarse del Canal de Panamá.
Se trata de seguir los caminos que nos señalaron José Luis Bustamante y Rivero, eminente jurisconsulto, político, diplomático, ex Presidente del Perú y de la Corte Internacional de Justicia a finales de los 60 del siglo pasado, quien fuera el preludio del Embajador Javier Pérez de Cuéllar, como Secretario General de las Naciones Unidas entre 1981-1991. Recordarlos nos señala los caminos de la justicia y del derecho que son los únicos que pueden normar relaciones civilizadas entre los países.
