Veteranos de guerra, jueces y organizaciones sociales marcharon por las principales calles de la capital salvadoreña, hasta llegar a las proximidades de la Asamblea Legislativa, para exigir se dé marcha atrás al despido en el sistema judicial, que se derogue la ley del bitcoin y que se mejoren las pensiones de los excombatientes.
Los veteranos, algunos con uniformes militares, cerraron los accesos a la plaza El Salvador del Mundo, donde se concentraron. Al llegar en camiones y autobuses del interior del país, los organizadores les entregaban tickets para recibir panes, pupusas y sodas.
Portando pequeños carteles en los que se leía “Dictadura Nunca Más”, marcharon hasta las proximidades del palacio legislativo, donde unidades de choque de la policía les impidieron el paso con sendas barricadas con alambres de púas. Quemaron llantas, pero no se reportan mayores incidentes.
A la marcha se unieron algunos jueces, que recientemente fueron separados de sus cargos luego de que el 31 de agosto la Asamblea aprobara reformas la ley de la carrera judicial con el fin de ampliar las facultades para cesar a jueces y fiscales o hacer traslados, es decir, que su trabajo cambie de sede. Un tribunal de San Miguel, al este de El Salvador, luego ordenó a la Corte Suprema no aplicar ese decreto como una medida cautelar ante la demanda presentada por varias autoridades. Sin embargo, casi 100 jueces o magistrados presentaron sus renuncias voluntariamente y los que no lo hicieron fueron removidos de sus cargos.
El abogado Antonio Durán, que recientemente fue separado del cargo de Juez de Sentencia, hablando en nombre de los “jueces independientes” afirmó que este gobierno “solo quiere concentrar el poder en el presidente Bukele y su familia, en los venezolanos que lo asesoran, en los socios, en los financistas a quienes el protege a través de las decisiones en el aparato estatal”.
Por su parte Ricardo Núñez, un exguerrillero conocido como “El abogado Dinamita”, que vestía una playera con leyendas contra el bitcoin, dijo que todo está a favor para que en El Salvador haya una insurrección y afirmó que ya cuenta con el apoyo del clero, el Congreso de los Estados y que solo falta que se les una la burguesía del país. Núñez fue encarcelado en los años 90, acusado de planear atentados terroristas haciendo uso de bombas para asesinar al entonces presidente Alfredo Cristiani.
Los veteranos de guerra de la fuerza armada y del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) reciben 100 dólares mensuales de pensión y dicen que tiene dos años de no reciben ningún incremento en sus pensiones. Ahora, cuando el gobierno está por presentar el proyecto de presunto general de la nación para el año 2022, exigen que se incorpore un aumento de 200 dólares para llegar a 300 mensuales “y que nos incluyan 3.000 dólares de indemnización”. También exigen que se les entreguen 10.000 dólares para la construcción de viviendas, ya que aseguran muchos veteranos que no tienen dónde vivir.
Según la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de la Fuerzas Armada y Excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado interno, gozarían de una pensión e indemnización, atención médica, inserción productiva, becas para los beneficiarios y sus hijos, transferencia de tierra y vivienda y créditos preferencias, pero la mayoría de estas promesas no se han cumplido.
Por años, los veteranos y excombatientes han salido a las calles para exigir sus derechos, pero ni la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ni el exguerrillero FMLN que gobernaron el país durante 30 años, y ahora el presidente Bukele han logrado cumplir con todas las promesas.
