A pesar de que existe una prohibición de la minería metálica en El Salvador, la fundación “El Dorado”, la subsidiaria de la compañía minera OceanaGold, sigue haciendo lobby con diputados de partidos políticos de derecha para derogar la Ley antiminería, denunciaron organizaciones comunitarias y ambientalistas. Los activistas temen que se aprovechen de la coyuntura electoral para lograr su objetivo.
Por ello la presidenta de la Asociación de Desarrollo Social Económico Santa Marta (ADES), Vidalina Morales, aseguró que es necesario defender la ley.
“Eso que paso en la mina San Sebastián en el oriente del país, es una buena lección para determinar que la minería no es una opción de desarrollo para nuestro país, después de la aprobación de la ley es necesaria y debemos mantener viva la organización, conocer la ley y exigir el cumplimiento de la misma y buscar alternativas“, aseguró Morales.
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Mientras tanto, Vladimir Pacheco Cueva, investigador salvadoreño de la University Aarhus de Dinamarca, con especialidad en Gobernanza de Recursos Naturales No Renovables, y con experiencia de trabajo en Oceanía, Sur América y Groenlandia advirtió que la mejor forma de defender la Ley de Prohibición de la Minería en El Salvador es la educación con la población.
“Estoy hablando de fantasías porque en la mayoría de los casos las compañías no cierran minas, las cierran de una forma abrupta. Estoy hablando de países desarrollados como Australia y Canadá donde hay 30 mil minas abandonas, no sé lo que sucederá acá con este tema. Por lo tanto, es imprescindible educar a la gente de cómo proteger los recursos naturales, defender la soberanía y mejorar la gobernanza del país, esa es la forma de blindarnos, porque las compañías siempre están al acecho“, señaló Cuevas.
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“La prohibición de la ley contra la minería no cierra el espacio de tranquilidad de que no hay amenaza, todavía queda mucho por hacer, como restaurar los derechos de la población afectada, la búsqueda de la protección del derecho a la vida, al agua y los derechos que se vieron afectados por estos proyectos mineros“, explicó Milagro Guevara, procuradora adjunta de medio ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Por su parte Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), manifestó que el país no posee experiencia en procesos de cierre técnico de proyectos mineros, un ejemplo lamentable de dicha situación son las comunidades de la Mina San Sebastián en Santa Rosa de Lima, en La Unión.
Ante esta situación, es obligatorio desarrollar un proceso de dialogo con la comunidad y en particular con los mineros artesanales en la mina San Sebastián para buscar alternativas ambientales, sociales y económicas en la zona enfatizó Calles.
Anteriormente organizaciones han denunciado supuestos acercamientos de empresas y mangantes de la minería internacional a funcionarios y candidatos a cargos públicos, como el respaldo del magnate minero Frank Giustra a Carlos Calleja, presidenciable de ARENA que levanta sospechas, en su intento de presuntamente influir en la derogación de la Ley Antiminera.
