A diez años del reconocimiento por la ONU al derecho humano al agua y saneamiento, organizaciones sociales exigieron a la Asamblea Legislativa que se apruebe una reforma constitucional que reconozca el derecho humano al agua y saneamiento.
Las organizaciones lamentaron que a pesar de que en 2016 el Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua potable y al Saneamiento, exhortó a El Salvador a incorporar este derecho en sus planes y políticas nacionales para enfrentar el cambio climático y otros retos futuros que afecten el agua y el saneamiento, han sido pocos los avances en la materia.
Según la información proporcionada por este sector, solamente 81.1% de la población a nivel nacional tiene agua potable, siendo la zona rural la más afectada con un 67.3%, a diferencia de la zona urbana que cuenta con una tenencia de 89.2 %.
“Pese a la incansable lucha de varios años de las organizaciones de derechos humanos y las comunidades organizadas a través de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento por lograr un reconocimiento de este derecho, no se ha logrado un acuerdo en la Asamblea Legislativa para tal reconocimiento; corresponsabilidad compartida con la pasividad del Órgano Ejecutivo en la generación de propuestas en la materia, lo que ha llevado a una crisis bastante generalizada en el país y particularmente a problemas focalizados como el que se diera en por la mala calidad del agua suministrada en el Área Metropolitana de San Salvador en el primer trimestre del año 2020, debido a la negligencia y falta de responsabilidad por la institución encargada del suministro y la calidad del agua”, indicaron en un comunicado.
En este sentido, indicaron que debería de existir una apuesta de promover la inversión económica que respete el derecho a un medio ambiente sano.
Aseguraron que actualmente lejos de protegerlo, se le destruye y con ello se limita el acceso a agua potable a las familias salvadoreñas especialmente a las más pobres.
Por lo tanto, consideran que las residenciales instaladas en territorios rurales y periurbanos que, ante la necesidad de vivienda, limitan el acceso de este derecho humano a las familias más vulnerables; donde haciendo uso de prácticas especulativas los grandes inversionistas han comprado a precios muy bajos las tierras que otrora fueran fincas de café para convertirlas en grandes complejos residenciales de alta plusvalía.
Asimismo, indicaron que el problema histórico del desabastecimiento de agua tanto en el área urbana como rural, no radica en una situación de escasez o que en El Salvador las precipitaciones sean limitadas.
“En nuestro país tenemos una precipitación promedio anual superior a los 1778.51 mm. Sin embargo, el agua es un tema de disputas y de relaciones de poder, las grandes gremiales agropecuarias, industriales y especuladoras inmobiliarias sobreexplotan el agua, a costa de la negación del derecho humano al agua de las poblaciones más vulnerables”, explicaron.
Agregaron, que en el país sigue siendo la constante que la prioridad del uso del agua es para actividades económicas, y solo un 27% de ésta es para el consumo humano y abastecimiento a poblaciones , esto porque los usos que se le da a este bien, generalmente son desde una perspectiva de generación de recursos económicos, lo que provoca escasez en los territorios. Ejemplo de ellos es el monocultivo de la caña de azúcar que sobreexplota los mantos acuíferos y los contamina por el uso de agrotóxicos que a la postre generan impactos severos en la salud de la población.
