La Fiscalía acordó un proceso abreviado para Ana Ligia de Saca por el delito de lavado de dinero. Mientras que la Corte Suprema de Justicia exoneró a Ana Vilma de Escobar de los cargos de enriquecimiento ilícito
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) condenó este jueves el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) frente a la resolución de los dos últimos casos de corrupción de la exprimera dama Ana Ligia de Saca y la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar.
A juicio de las organizaciones estos delitos han quedado en la impunidad porque la Fiscalía y el Órgano Judicial no han hecho más que favorecer a las imputadas.
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Ana Ligia de Saca logró, el pasado lunes, un acuerdo abreviado por la FGR, la cual resolvió en favor de ella a cambio de su confesión en la que admitió haber lavado cerca de $17 millones de dólares. El falló dictaminó que deberá pagar una condena de tres años, que fueron intercambiado por servicio social.
Por su parte, Ana Vilma de Escobar, la semana pasada, la CSJ la exoneró de los cargos de enriquecimiento ilícito. Según el Órgano Judicial, nueve de 15 magistrados votaron a favor de ella por no existir indicios que la incriminaran.
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De acuerdo con la ASGOJU, la exvicepresidenta presentó pruebas fueras de tiempo y la CSJ le admitió documentos que no cumplían los requisitos de ley sobre el incremento injustificado de su patrimonio.
La organización también acusó a los magistrados de frenar los procesos de investigación de casos de corrupción cometidos en administraciones anteriores; indicando que han ordenado que la Sección de Probidad no investigue hechos que tengan más de 10 años de anterioridad.
Finalmente, pidieron la destitución del fiscal General, Raúl Melara, por incumplimiento de deberes y cometer actos arbitrarios en favor de los que han viciado un sistema corrupto.