Varias organizaciones sociales se manifestaron este martes frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para protestar por lo que consideran una criminalización de las organizaciones sociales, al acusarles de estar vinculadas a actos de desestabilización y de amenazas de muertes en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
El pasado 5 de diciembre, el magistrado de la Sala, Florentín Meléndez, aseguró que activistas de distintas organizaciones sociales afines al partido de gobierno llegan a la CSJ a proferir insultos y difamaciones, y a cerrar los portones para impedir incluso la salida de empleados a determinadas horas del día.
“Lo que el señor Florentín Meléndez y los otros magistrados pretenden, es orquestar junto a la ANEP y al partido ARENA una persecución de las organizaciones sociales que somos críticas a la agenda mezquina que estos impulsan”, expresan por medio de un comunicado.
Estas organizaciones consideran que dichas declaraciones buscan silenciar su trabajo, en vista de no estar de acuerdo con las resoluciones emitidas por la Sala.
“Su accionar ha sido con una clara agenda política que ha buscado ahogar financieramente al Estado, privilegiando la agenda política de ARENA y de las grandes empresas; no sólo han buscado afectar las finanzas del gobierno central sino también las de más de una decena de alcaldías, en detrimento de los intereses de la población y a favor de sus intereses particulares”, expresan los manifestantes.
Sostienen que dichas declaraciones de los magistrados, buscan amedrentar a las organizaciones sociales al pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que les investigue, en detrimento de la libre expresión que hay en el país.
Entre las organizaciones en contra de dichos señalamientos se encuentran el Frente Sindical Salvadoreño (FSS), el MPR-12, Asociación Salvadoreña por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), entre otras.
Los magistrados han denunciado en los últimos días que han sido víctimas de difamaciones e incluso de amenazas de muerte de presuntos activistas vinculados al partido de Gobierno. Además aseguran que detrás de estas acciones estarían vinculados también presuntamente algunos militares, algo que fue desmentido por el ministro de Defensa, David Munguía Payes.
