En términos generales, El Salvador no es un país de gran tradición literaria, así que las obras publicadas son bastantes limitadas por diversos factores; y en el caso de las mujeres, se suman elementos de la cultura patriarcal, ya que se resta importancia o se desvalora el trabajo y contribución literaria de las mujeres, según algunas escritoras y feministas salvadoreñas.
El Observatorio Económico Laboral de ORMUSA resume múltiples ejemplos de brechas de género desfavorables para las mujeres en los ámbitos económico, laboral, político y otros. Cómo brechas de género se entiende, la diferencia que existe en cualquier esfera entre las mujeres y los hombres en cuanto a nivel de participación, acceso a los recursos, derechos, poder e influencia, remuneración y beneficios. Significa, que numéricamente, las mujeres están en desventaja con la población masculina en salarios, ingresos promedios, participación en puestos de toma de decisión, cargos de elección popular; de la misma manera, en aspectos culturales, se ven impactadas por el poco reconocimiento y visibilidad de sus aportes en las artes, la literatura y en diferentes áreas científicas y educativas.
La historiadora Sonia Ticas, afirmó en 2010, que en el país ha existido falta de fondos o esfuerzos por incrementar las publicaciones de hombres y mujeres escritoras, lo que dificulta la difusión y desarrollo literario; pero la poca presencia de figuras femeninas se explica además por prejuicios sexistas que considera a las mujeres como incapaces de contribuir al desarrollo cultural del país (1).
La obra de las mujeres como bien cultural
Por canon literario se entiende un modelo a seguir. Por tanto, en la inclusión de escritores y escritoras como referencia de otras, en la literatura o en la educación, hay dos ámbitos importantes que intervienen: un poder institucional central, que en el caso de El Salvador actualmente es el Estado a través de sus instituciones culturales y educativas, y el poder de la supuesta vanguardia en la construcción del conocimiento, como es la Academia, es decir, las universidades y los catedráticos que en ellas enseñan e investigan, reflexiona Sonia Ticas.
En ese contexto, podría pensarse que un mecanismo que pudiera significar un referente nacional es el Acuerdo del Ramo de Educación No.16-0137, del 7 de septiembre de 2005, publicado en el Diario Oficial, que declara Bienes Culturales, las obras de una serie de escritoras y escritores nacionales. Esta declaratoria, al ser un hecho jurídico y político sancionado por el Estado a través de la entonces Ministra de Educación, licenciada Darling Xiomara Meza, establece inequívocamente el reconocimiento expreso de la existencia de un canon literario nacional. Este Acuerdo del Ministerio de Educación declaró bien cultural un listado de 88 escritores, “con el objeto de dar protección a sus obras, rescatarlas, resguardarlas y conservar su riqueza cultural”, pero dentro de esta lista, sólo aparecen 19 autoras (21.59) del total de 88 escritores seleccionados, que coincide con la proporción promedio de mujeres escritoras en las antologías salvadoreñas: alrededor del 20%, reseña Carmen González, en su informe, Escritoras canónicas y no canónicas de El Salvador.
González, es parte del 21.59% de las mujeres incluidas en el Acuerdo del Ministerio de Educación, sin embargo, ella es muy crítica en torno a este listado porque considera que “hay omisiones flagrantes, como las de Roque Dalton, Salarrué, Claudia Lars y Hugo Lindo, además de otros autores y autoras que no fueron incluidos”. Agrega que existe sub registro en los datos biográficos de las autoras, incluso de las que aún viven, como de sus obras; por lo cual sucesivos trabajos de investigación deberían ampliar la información sobre el trabajo intelectual y artístico de las mujeres, tan largamente invisibilizado (González, 2015) (2).
Similar opinión comparte la poeta Claudia Meyer, quien cuestiona varios aspectos del Acuerdo Ministerial en su base teórica y metodológica, sobre todo porque dejo fuera figuras grandes de la literatura; además de la poca difusión y comunicación del mismo, ya que asegura conocer varios escritores que no sabían que estaban en esa lista; por otra parte porque la finalidad del acuerdo es el mandato de preservar la obra a nivel estatal y el mecanismo idóneo para ello, es la Dirección de Publicaciones e Impresos, esto incluye precisar la obra del autor y luego publicar bajo ciertos criterios, lo que también habría que constatar si se ha hecho. Otra interrogante que formula Meyer es quién y cómo se determina un canon literario. ¿Tiene esto más bien un peso simbólico que práctico como referente para otros escritores?. Para contestar a estas interrogantes, es necesario examinar el catálogo de la Dirección de Publicaciones e Impresos, y con base a este, ver cuantas publicaciones hay por autor de los que están en el referido Acuerdo Ministerial; cuánto porcentaje de eso representa del total, si no hay presencia o es baja, sería entonces algo más simbólico que práctico, aseguró.
