Así le llamó el fiscal Douglas Menéndez a su cacería de brujas a familiares y relacionados al ex presidente Mauricio Funes, a quien no voy a justificar porque será el sistema de justicia que deberá comprobar su responsabilidad o librarlo de ella en las acusaciones que pesan sobre él.
Pero, en noviembre de 2018 termina el período del fiscal. Y sabe que el congreso es controlado por la derecha política-corporativa. Y es obvio que quiere re elegirse, así lo reafirmó en declaraciones vertidas la mañana del 11 de junio en un programa de televisión de difusión nacional. Y para ello debe congraciarse con sus potenciales "clientes" legislativos.
El fiscal admitió en ese programa de televisión que su plan original era presentar el caso durante el período que coincidió con la campaña electoral para los comicios municipales y legislativos, pero no pudo reunir suficiente “evidencia”: “queríamos presentarlo en noviembre, luego a finales de enero pero ya no pudimos”, dijo. Llama poderosamente la atención que la fiscalía presente -la gran mayoría de- sus casos basados exclusivamente en testigos “criteriados” y no en evidencia, ni documental, ni pericial. El "acusador del pueblo", le debe al país la robustez en sus pruebas. La solidez de sus narraciones fiscales.
En evidente estado de exaltación, Menéndez dijo en ese programa de televisión que no busca quedar bien con nadie, que busca perseguir a quienes toman el “dinero del pueblo”. Pero, a manera de ejemplo, la fiscalía bajo su dirección todavía no actúa en sonados casos como el presentado el 8 de enero de 2014 por el Ministerio de Economía, en el que se habrían malversado USD$20 millones del “fideicomiso para la creación de empleos en sectores productivos estratégicos”, FECEPE. En ese caso estarían involucrados prominentes miembros del partido ARENA, a la sazón funcionarios/as de alto nivel del gobierno de Elías Antonio Saca González y a su vez, empresarios beneficiados con fondos del Estado.
Así que ¿"saqueo público" señor fiscal? Ya quisiera yo la misma diligencia contra las administraciones de los ex presidentes Cristiani, Calderón Sol y Flores. De este último ¿por qué el señor fiscal no insistió en recuperar el desfalco de los USD$10 millones procedentes de la donación de Taiwán para los damnificados de los terremotos del 2001? Ya tiene evidencia suficiente que esos fondos quedaron en manos del partido ARENA. La justificación del fiscal es que el ex presidente Flores “ya está muerto” y por tanto no hay bienes o activos que confiscar. Y sobre los casos de saqueo público en las administraciones Cristiani y Calderón, el fiscal dice que son muy antiguos.
En septiembre de 2017, el ya fallecido economista Salvador Arias, solicitó al pleno de la Corte Suprema de Justicia que reabra los procesos de probidad contra 177 ex funcionarios del partido ARENA, por posible enriquecimiento ilícito, cuyos patrimonios fueron investigados por la sección de probidad, entre 2001 y 2005.
Según Arias, “la corrupción sólo de los bienes públicos, que se lograron detectar a partir de las denuncias de periódicos, supera los USD $12 mil millones de dólares”.
A decir verdad, esas administraciones sí saquearon al Estado, se auto vendieron las empresas públicas y se beneficiaron de las privatizaciones. Eso, señor fiscal, sí es saqueo público. En definitiva en el combate a la corrupción debería ser, como dicen, o todos en la cama o todos en el suelo.
¿Estaremos frente a un nuevo caso de uso político de la fiscalía?
