La Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), expresó este jueves su preocupación por la creciente tensión entre el Gobierno salvadoreño, algunos sectores de la sociedad civil y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Si bien en un régimen democrático el derecho a manifestarse pacíficamente es fundamental, las acciones, incluyendo bloqueos que impiden el adecuado funcionamiento del poder judicial y ponen en riesgo la integridad física y seguridad de los magistrados constituye un ataque inaceptable en contra de la independencia judicial”, expresó Mónica Pinto, relatora especial por medio de un comunicado oficial.
La relatora sostiene que los pronunciamientos de funcionarios públicos de alto nivel de Estado, podrían considerarse una forma de intimidación; reitera que las sentencias de la Sala son de última instancia y deben respetarse aun y cuando existan diferencias.
Asimismo solicitó a autoridades que respeten las sentencias judiciales y garanticen la independencia del sistema de justicia. También les instó a tomar medidas para frenar los ataques personalizados que atentan contra la seguridad e integridad física de los magistrados.
Entre agosto y septiembre pasado se realizaron varios bloqueos de calles para impedir entrada de alguno de los magistrados a determinados lugares. Entre dichas acciones se encuentra el bloqueo e intento de persecución a un vehículo donde se conducía el magistrado Sidney Blanco cuando intentaba ingresar a un hotel en San Miguel
“Yo no sé si nos tienen intervenidos los teléfonos o es que algún juez comentó algo… Además, son las mismas pancartas que andan, con las que me han bloqueado a mí y a otros”, dijo el magistrado Florentín Meléndez a un medio impreso local.
Meléndez también fue víctima del bloqueo de calle el pasado 13 de agosto cuando se dirigía a una campaña de divulgación de la Constitución en Chalatenango.
Algunas de las pancartas de protestas de la población en dichos bloqueos expresan su descontento por algunas de las sentencias emitidas por la Sala como la inconstitucionalidad de un bono por 900 millones de dólares requeridos por el Gobierno, la inconstitucionalidad de los diputados suplentes, entre otras sentencias.
