El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (CERD), que vigila el cumplimiento de la Convención internacional en la materia pidió al Perú que adopte “las medidas necesarias para asegurar que la investigación del caso de esterilización forzada se lleve al cabo sin demoras, de manera exhaustiva y vele porque los responsables sean debidamente castigados y las víctimas tengan acceso a una reparación adecuada”, indica un documento publicado en Ginebra.
Compuesto por 18 expertos independientes, elegidos por el voto de los países que han ratificado la Convención concernida, el Comité acogió con satisfacción “la creación del Registro” de las víctimas de estas gravísimas violaciones de los derechos humanos, “producidas entre 1995 y 2001, y la noticia de la reapertura del proceso” que involucra a mujeres indígenas que sufrieron esterilizaciones forzadas, las que “continúan enfrentando dificultades para acceder a la justicia y al registro” antes mencionado.
La composición de este Comité da cuenta de la diversidad que impera en la ONU a la hora de nombrar responsables de derechos humanos que controlan la aplicación de Tratados, quienes no son funcionarios, no cobran sueldo, solo los viáticos para viajes relacionados con sus mandatos. En esta oportunidad se han congregado, como se ha dicho, 18 expertos. Provienen de los principales países de Asia (China, Japón y Corea del Sur), un afrodescendiente de Colombia, un indígena de Guatemala, un ruso hispanoparlante. una gitana de Hungría, dos negros de ex-colonias francesas en Africa, un turco, un español, una estadounidense, un belga, un brasilero, una jamaicana, una mauritana, y lo preside por un argelino.
Una delegación del gobierno peruano, encabezada por el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Miguel Ángel Soria Fuerte, compareció ante el Comité, en una Audiencia celebrada el pasado 25 de abril, donde se abordó, entre otros temas, el de las esterilizaciones forzadas. Entonces admitió que se había registrado 6000 casos, ocurridos entre 1995 y 2001, durante la casi totalidad de la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000). El experto guatemalteco, José Francisco Cali Tzai, advirtió en el debate que la esterilización forzada contra poblaciones indígenas podía constituir el delito de genocidio por impedir la reproducción de una etnia.
Por otra parte, el Comité valoró los esfuerzos del Perú “para acoger a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, en particular a la población venezolana”. Estos últimos ya serían unos 200.000, según la delegación peruana, la cual enumeró las medidas para protegerlos: otorgamiento de permisos de residencia temporales renovables cada 3 meses, autorizaciones para firmar contratos de trabajo, acceso a cuentas bancarias mediante tarjetas de identidad como solicitantes de asilo, y derecho a los migrantes y sus hijos a la educación y la salud.
Al respecto, le preocupa a la ONU que, “en la práctica”, los migrantes sean objeto “de prejuicios, estereotipos y actos discriminatorios y enfrenten dificultades para” beneficiarse de “servicios básicos, principalmente salud y educación”. En consecuencia el CERD exhortó al Perú a tomar “las medidas necesarias y efectivas para la protección de los no nacionales, en su mayoría de origen venezolano”.
Reclamó iniciativas “que promuevan la plena participación e integración de los migrantes”, a su vez “campañas de sensibilización, información o educación que eviten los prejuicios y estereotipos que sufren los migrantes”, y disposiciones para “eliminar las barreras”, que dificultan el disfrute de los servicios de “salud, educación, empleo”, sin olvidar dotarlos de documentos de identidad. Para dar seguimiento, el CERD solicitó al Perú “información estadística e indicadores socioeconómicos sobre las personas migrantes”.
