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viernes, 14 de mayo del 2021

ONU pide a Honduras que legalice pí­ldora anticonceptiva

Honduras, al igual que El Salvador, posee leyes estrictas que condenan el cualquier tipo de interrupción del embarazo sin importar la condición y salud de las mujeres

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El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó este viernes al gobierno hondureño “eliminar la prohibición de la pí­ldora anticonceptiva de emergencia”, y modificar “con carácter de urgente“, su legislación “para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus vidas y salud”.

El comité, compuesto por 18 expertos independientes elegidos por el voto secreto de los paí­ses que han ratificado el Pacto de Derechos Civiles de la ONU, mostró su desacuerdo con que en Honduras toda interrupción voluntaria de embarazo sea considerada ilegal y se amenace con penas de hasta diez años de prisión. Además, el organismo está alarmado por las altas tasas “de mortalidad debido a abortos inseguros”, y “de embarazo adolescente no deseado”.

Los expertos han pedido al gobierno hondureño que garantice “el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalí­a, y considerar la descriminalización del aborto”.

Por otra parte, el Comité manifestó su preocupación “por el hecho de que a pesar del lí­mite del mandato presidencial establecido en la Constitución, el titular del cargo se presente a la reelección“, apuntando sin nombrarlo al primer mandatario, Juan Orlando Hernández, elegido por 4 años en 2013, quien vuelve a presentarse para las próximas elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017, en busca de un nuevo mandato.

El Comité recordó “las alegaciones de irregularidades” en las elecciones que llevaron al poder a Hernández cuatro años atrás, y enumeró “la compra de votos, deficiencias en la actualización del censo electoral, la falta de transparencia en la financiación de la campaña y la posibilidad de que hubiera habido fraude en la transmisión de las actas electorales al Tribunal Supremo Electoral”.

Los expertos añadieron “el asesinato de más de una docena de activistas de la oposición y candidatos durante la pasada campaña electoral”.

Además, pidieron que para las elecciones venideras se respete el criterio de elegibilidad establecido en la Constitución, en particular el de la limitación del mandato presidencial, pese a que Hernández haya proclamado su candidatura para un segundo mandato, aprobada por el Tribunal Electoral en 2016, una presunta transgresión de un artí­culo constitucional que solo podrí­a ser reformado por referéndum.

Este Comité de la ONU se pronunció porque las elecciones de noviembre 2017 sean “libres y equitativas”, donde exista “el ejercicio efectivo del derecho al voto“, mediante “un proceso electoral justo e imparcial”, con “seguridad de las urnas y que los votos puedan ser escrutados en presencia de los candidatos o de sus agentes”.

Concluyeron que “deberí­a haber un escrutinio de los votos y un proceso de recuento independientes y con posibilidad de revisión judicial o de otro proceso equivalente”.

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