La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) manifestó este viernes su aquiescencia por la aprobación de la Ley Especial para la Prevención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno en El Salvador.
La ley que fue aprobada la noche del jueves con 82 votos y debe ser ratificada por el presidente Nayib Bukele. Esta ley busca brindar atención, protección y soluciones duraderas para los salvadoreños que han sido forzados a huir de sus hogares y que permanecen dentro del territorio nacional, así como para aquellas personas que se encuentran en riesgo de ser desplazadas por la violencia.
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“La aprobación de esta ley tendrá un impacto positivo en la vida de miles de víctimas del desplazamiento forzado, quienes podrán acceder a sus derechos fundamentales y a la justicia”, declaró en un comunicado de prensa Elisa Carlaccini, jefa de la oficina regional de ACNUR en El Salvador.
Cristosal, una organización no gubernamental, por su parte trabaja ayudando a los desplazados, saludó con la aprobación de la ley y expresó su satisfacción porque “nuestras propuestas y aportes en el proceso” fueron incluidos en el documento final, que afirman cumple con los estándares mínimos nacionales e internacionales en el abordaje del fenómeno del desplazamiento forzado.
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“Celebramos que la Ley haya sido aprobada por unanimidad. Listos para la asegunda etapa: que la Ley sea cumplida”, escribió en su cuenta oficial de Twitter Celia Medrano, de asistencia legal y litigio de Cristosal, quien trabaja asistiendo a las víctimas de desplazamiento forzado, en la mayoría de los casos a causa de la violencia de las maras o pandillas.
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En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 65.000 jóvenes y adultos, en su mayoría miembros de la MS 13. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.
Cristosal señaló en un comunicado de prensa que la aprobación de la ley es un paso importante en el cumplimiento de la una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “que a la vez implicó un hito en materia judicial para El Salvador”.
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En 2017, una familia de 32 personas que tuvo que desplazarse por causa de la violencia, con el acompañamiento de Cristosal, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema para visibilizar una problemática que aseguran afecta al 6,3% de la población, es decir unas 408,603 personas.
Desde 2019, ACNUR ha brindado acompañamiento al Estado salvadoreño mediante asesorías técnicas para garantizar que la legislación cumpla con estándares internacionales, incluyendo los principios rectores de los desplazamientos internos y elementos de mejores prácticas de la legislación de otros países.
De acuerdo con estimaciones de ACNUR, basadas en cifras del gobierno de El Salvador, existen aproximadamente 71.500 personas desplazadas internamente en el país. Decenas de miles más no han tenido más opción que huir a través de las fronteras en busca de protección.
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Fuente: Infobae
