El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, ofreció las instalaciones de la institución que preside para que los representantes del gobierno y los diputados de la Comisión Política puedan llegar a un acuerdo en la formación de la Ley de Emergencia por el coronavirus.
“No es posible que se tengan convocatorias a la misma hora, y en diferentes sitios, para argumentar y llegar al final del tiempo otorgado por la Sala sin un acuerdo que vaya a beneficiar a la población salvadoreña”, manifestó.
Ante las convocatorias en sitios distintos dijo que “evidencia el ego” de ambos órganos, y reiteró su llamado a instalar una mesa permanente que logre una normativa para atender la situación por COVID-19 en el país.
“Lo que hemos observado en las últimas horas es solamente actitudes que evidencian el ego de los representantes de ambos órganos, haciendo convocatoria para la misma hora, en diferente sitio”, denunció Tobar.
Luego de que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales el estado de emergencia nacional por el COVID-19 decretado por el Presidente de la República, así como el decreto ejecutivo 29 de cuarentena domiciliar del Ministerio de Salud, este martes y miércoles, el Gobierno y la Asamblea continuaron discutiendo qué lugar es idóneo dialogar y concretar una nueva ley que respete la Constitución.
Por otra parte, el procurador pidió mayor cuido de la población penitenciaria, esto luego que 108 privados de libertad se contagiaron de coronavirus en las últimas semanas.
“No solicitamos un trato exclusivo para los privados de libertad. Reiteramos el llamado para que se brinden condiciones dignas dentro de los centros penitenciarios”, dijo.
Mientras tanto la Procuraduría ha recibido información de 945 casos sospechosos de la enfermedad originada en China.
El 2 de junio Osiris Luna Meza, director general de Centros Penales, dijo Centros Penales registraba 1 mil 63 privados de libertad que pudieron contagiarse de coronavirus, es decir, sospechosos. Los desglosó así: en el centro penitenciario de San Vicente 396 casos; en el centro penal de Quezaltepeque, en La Libertad, 154; en el centro penal La Esperanza, en Mariona, San Salvador, 513.
Mientras que, según Luna Meza, en el penal de San Vicente había 39 casos positivos de COVID-19, once en Quezaltepeque y 33 en Mariona.
El 29 de mayo Francisco Alabí, ministro de Salud, aseguró que en el sistema penitenciario había 945 casos sospechosos.
Los desglosó así: en Mariona, 475 casos; en San Vicente, 297; en Quezaltepeque, 135 casos.
