La Organización de Estados Americanos (OEA), lamentó la decisión del gobierno salvadoreño de cortar relaciones con la
Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), por la supuesta contratación del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.
Además, la organización aseguró que no ha firmado ningún convenio con el político salvadoreño, quien fue capturado el viernes por retención irregular de cuotas laborales. Asimismo, Muyshondt tiene un proceso abierto por fraude electoral y agrupaciones ilicitas.
Rodolfo Delgado, el fiscal general argumentó que la decisión de finalizar dicho convenio respondía a que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reveló que Muyshondt había sido nombrado como su asesor.
En un comunicado dado a conocer la mañana de este lunes, la OEA señala: “Lamenta profundamente el Comunicado de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador de fecha 4 de junio de 2021, por el cual rompe el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), así como las razones expuestas en dicho comunicado”.
Según la OEA, la comunicación de Cancillería dice que la decisión “obedece a que la Secretaría General de la OEA contrató como asesor al exalcalde del partido Arena Ernesto Muyshondt, procesado judicialmente desde 2016 por diversos crímenes” y que la CICIES fue creada para “luchar contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas”, algo que aclara más adelante es totalmente falso.
“El señor Ernesto Muyshondt no fue contratado como dice su comunicado, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó”, aclara la OEA.
En tal sentido, añade que “como es de obvio, más que obvio, elemental conocimiento de derecho diplomático y práctica diplomática, ni aun la contratación hubiera dado al señor Ernesto Muyshondt inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos “impunidad”. Semejantes errores argumentales son inadmisibles desde todo punto de vista”.
De acuerdo a lo anterior, la OEA rechaza “completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el Gobierno de El Salvador respecto a la CICIES.
La organización que integran 35 países de las Américas y el Caribe afirmó que sus discrepancias con el gobierno de El Salvador sobre las tareas de la CICIES hacen “imposible la continuación de los trabajos de la comisión”.
El organismo además mencionó que la recién aprobada la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, aprobada el 5 de mayo 2021; “beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad”.
Asimismo, mencionó: “la decisión del Gobierno de Bukele de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19. En dicho Informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar”.
El comunicado de la OEA menciona un asfixiamiento de la CICIES por parte de la Fiscal General, dirigida por el impuesto fiscal, Rodolfo Delgado ha “cercenando” completamente sus posibilidades de investigación.
La OEA señala que el Gobierno ha tratado de inducir a la CICIES para que realice investigaciones de políticos de oposición. “La recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del Gobierno, afirma.
Mientras que esta mañana, el fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, dijo que “no hay vuelta atrás” en la decisión de romper el convenio con la OEA para combatir la corrupción en El Salvador. Afirmó que, aunque termine el convenio, investigarán “cualquier acto de corrupción que provenga tanto de anteriores administraciones como de la actual”.
“Al final de cuentas, es una decisión que se ejecutará en próximos 30 días, para el 4 de julio”, dijo Delgado. Y agregó: “Estamos dispuestos a mantener esa decisión porque cuestiono la constitucionalidad de algunas funciones dentro del acuerdo suscrito con la FGR y con el protocolo que se derivó de ese acuerdo, que era el acompañamiento del ejercicio penal, lo cual no me parece”.
Delgado restó importancia al comunicado de este lunes de la OEA, en donde lamenta la decisión tomada por el Gobierno salvadoreño. También indicó que de igual manera el combate a la corrupción lo seguirán haciendo. “El combate contra la corrupción la FGR lo ha venido ejecutando desde hace muchos años, esos resultados que ha hecho sin apoyo técnico o con sesgo están en los juzgados”, manifestó Delgado.
Sobre los 12 expedientes en estudio que tenía la CICIES de posibles actos de corrupción en compras hechas por el gobierno durante la pandemia, Delgado dijo que no se había pronunciado porque “tengo un deber de reserva sobre las investigaciones”. Aceptó que conoce de la existencia de dichos expedientes. “Hay ciertos avisos, pero hay otros mecanismos de control que también se están ejecutando”, agregó.
Por otra parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) propuso el sábado que se hagan públicos los 12 casos de presunta corrupción vinculados a cinco instituciones de Gobierno que reportó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
El planteamiento lo hizo Ricardo Castaneda Ancheta, Economista Sénior del ICEFI para El Salvador y Honduras, tras el anuncio del fiscal Delgado de dar por finalizado el convenio que estableció el ministerio público con la CICIES, creada el 6 de septiembre de 2019 bajo un acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y la OEA.
No obstante, el representante de ICEFI para el país señaló la necesidad de que la labor realizada por la CICIES sea del conocimiento público. “La @OEA_CICIES debe poner a disposición de toda la población todo el trabajo que ha hecho, incluyendo los expedientes de los avisos a la @FGR_SV”, señala Castaneda Ancheta en su cuenta de Twitter. “Esos casos, posiblemente, explican el porqué de todo el desmantelamiento de la débil institucionalidad salvadoreña”, puntualizó.
La representación diplomática de Estados Unidos en El Salvador también ha fijado postura sobre el cierre de la cooperación del gobierno local para la CICIES, lamentando la decisión.
“Cometimos el error de confiar en la OEA”, dijo por su parte el presidente Nayib Bukele el viernes en conferencia de prensa. “El único que ha cometido por lo menos una gran falta a toda decencia ha sido el secretario general de la OEA, por contratar a un delincuente”, arengó Bukele en referencia a Muyshondt.
Así justificó el rompimiento del convenio, sin más detalles y obviando responder a las preguntas de los periodistas si algo tiene que ver los 12 casos que el anterior fiscal, Raúl Melara, envió a la CICIES para que investigara posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de Salud y de otros ministerios.
