El especialista en Agua y Minería de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Andrés Mckinley, dijo este martes que la campaña agresiva de Oceana Gold para ganar mentes y corazones a favor de la minería metálica en El Salvador está a punto de pasar a la historia por la próxima aprobación de una ley contra la minería. Se espera que los diputados de la Asamblea Legislativa ratifiquen finalmente la propuesta en la plenaria del 29 de marzo.
La empresa canadiense adeuda a El Salvador $8 millones de dólares en concepto de indemnización y costos procesales. Además deberá pagar intereses por el retardo del pago desde que El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un fallo en octubre de 2016.
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“Esta empresa debe responder a la resolución del juicio y pagar a El Salvador, luego debe hacer sus maletas y marcharse del país; aquí protegemos el ambiente y a las personas y ya se dijo un “˜no”™ rotundo a la minería”, expresó Mckinley.
El especialista aseguró que en la Asamblea Legislativa hay un consenso por aprobar la ley en contra de dicha práctica por el hecho de que “se ha entendido” que el país es un territorio vulnerable por naturaleza y que se pondría en riesgo el medio ambiente y la población rural.
“Estamos percibiendo un consenso en la Asamblea Legislativa; nos da mucha alegría luego de décadas de estar tratando de concientizar, educar y generar un poco más de voluntad política para resolver la enorme amenaza de la minería metálica en El Salvador”, dijo.
Las declaraciones tuvieron lugar durante un foro sobre minería realizado por la UCA. En este también se dio a conocer el caso de Nueva Vizcaya, en Filipinas, una provincia que fue devastada por las prácticas de la minería de la misma compañía, Oceana Gold.
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“La empresa ha dejado varios lagos con desperdicios tóxicos como cianuro. Todo en nombre de minería responsable”, dijo el gobernador de dicha provincia, Carlos Padilla.
Oceana Gold demandó en 2009 a El Salvador con $250 millones en compensación luego de que el Estado le negara la licencia para extraer oro y plata del territorio, ya que la empresa ignoraba estándares internacionales sobre minería.
