“Nunca mate a nadie. Nunca di la orden de matar a nadie. Nunca planifiqué la muerte de nadie”, dijo Erwin Sperisen, ex jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala entre 2004 y 2007, al pronunciar sus últimas palabras cuando finalizaran las audiencias públicas de esta semana ante la Cámara de Apelación y Revisión cantonal, que lo juzga por tercera vez y en revisión por diez asesinatos cometidos en Guatemala en 2005 a 2006.
“Tomen la buena decisión”, concluyó el doble nacional suizo y guatemalteco Sperisen, antes que el tribunal, presidido por Alessandra Cambi Favre-Bulle y 6 otros magistrados, se retirara a deliberar el veredicto, que será pronunciado el viernes 27 de abril a las 13.30 Hs.
El fiscal Yves Bertossa, manifestó que si se reconoce la coautoria de Sperisen en el homicidio de siete reos en la penitenciaría de Pavón en 2006, y en otros tres asesinatos de los que fueron víctimas evadidos de la cárcel de “El infiernito” en 2005, a Sperisen le debería corresponder una pena a cadena perpetua, “sabiendo que si la persona tiene una buena conducta, puede pedir su libertad condicional a los 15 años de reclusión”, agregó Bertossa a este cronista.
Pero si el tribunal solo retiene la complicidad de Sperisen en los hechos de Pavón, pues en ellos también habrían participado sus colaboradores, Javier Figueroa (absuelto), Victor Soto (condenado), los hermanos Benitez y Victor Rivera (muertos), el procurador Bertossa se inclina en favor de una condena a 15 años de cárcel, haciendo la salvedad para las otras tres ejecuciones en perjuicio de los que huyeron de “El infiernito”, que “se remite” a lo que decida la Corte.
Giorgio Campa y Florian Baier, abogados de Sperisen, quienes pidieron su absolución, confiaron a este corresponsal que se contentarían con una condena a 7 años y medio de prisión. Al haber ya cumplido 5 años de detención preventiva, o sea los dos tercios de la pena, se decretaría la libertad de su cliente. Los letrados aspiran a una indemnización de 1 millón de francos suizos (CHF) para Sperisen (835.000 euros, 1,03 millones de dólares), 380 mil francos suizos (CHF) para su familia, y 700 mil francos suizos (CHF) de gastos.
El tribunal escuchó solamente a dos testigos a lo largo de cuatro días de debates, Luis Modrego y Fernando Toledo, policías españoles integrantes en la época de los hechos, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) creada en 2007 por un acuerdo entre la ONU y Guatemala, que realizaron averiguaciones, localizaron a personas y efectuaban diligencias de manera informal, para aportar pruebas, datos y testigos a la fiscalía guatemalteca.
Modrego indicó que por debajo de las actividades visibles de Sperisen y sus colaboradores, existía una acción clandestina, de “limpieza social” (como las denominó el Relator de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Philip Alston, quien visitó el país en agosto de 2006), acción de la que también formaban parte extorsiones y muertes; todo ello vinculado al trafico de drogas sudamericanas, que se estacionaban en Guatemala y luego seguían viaje a los Estados Unidos. Reveló que se los llamaba los “Elefantes demoledores”.
Toledo reitero dos veces que gracias a un contacto, pudo entrar en la empresa telefónica “Tigo”, donde vio en la pantalla de un computador, las llamadas entre Erwin Sperisen y su subordinado Víctor Soto, en la fecha de los asesinatos de “El infiernito”. Ello motivó al Tribunal Federal suizo a valorar que “constituyen un indicio … en la ejecución de evadidos”, y sientan la “sospecha”, de “diez ejecuciones extrajudiciales”.
