El cambio de administración presidencial no significa cambiar el enfoque en los intereses estadounidenses, en el combate de la corrupción de algunos gobiernos de América Latina y el Caribe, especialmente en países de Centroamérica, Cuba y Venezuela.
El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Jon Piechowski, recordó el martes que la administración estadounidense cuenta con una legislación que contempla las sanciones a otros países por casos de corrupción.
“Quiero ser muy claro a todos los líderes corruptos en América Latina y el Caribe: Estados Unidos perseguirá los casos y emplearemos todas las herramientas que tenemos disponibles para luchar contra la corrupción, para brindar un futuro más seguro, más próspero y de gobernanza más fuerte”, advirtió Piechowski.
En ese sentido, insistió en que las sanciones continúan siendo “herramientas vigentes” para castigar la corrupción que se da en algunos gobiernos.
“Hemos impuesto restricciones a oficiales del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, así como al actual presidente del supuesto Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno, y su mujer”, dijo el funcionario durante una conferencia de prensa con medios en español.
Por eso, hizo una advertencia tanto al gobierno de Nicolás Maduro como a otros en la región: “Que todo lo que ellos ganen que sea honestamente”.
“Queremos que los oficiales (autoridades), no importa en el país en el que se encuentren, no puedan comprar casas en Florida, que no puedan ir a hacer viajes de lujo a Disneyworld o Nueva York”, añadió.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 clasificó a 180 países y territorios. Varios países de América Latina ocupan los últimos lugares.
Piechowski reiteró que el gobierno de Joe Biden continuará empleando todos los mecanismos legales que tiene a su alcance para presionar a las administraciones irregulares de la región.
Además de Venezuela, Estados Unidos también ha impuesto sanciones a altos funcionarios activos y retirados relacionados con casos de corrupción en Nicaragua, Guatemala o Paraguay, según Piechowski.
A su juicio, “la corrupción es un flagelo para todo el mundo” con consecuencias muy negativas a corto plazo. “La corrupción envenena la gobernanza, inhibe la inversión y hace pudrir la sociedad entera”, dijo lamentando que “esta mezcla socava la seguridad ciudadana y el crecimiento económico”.
Durante la conferencia de prensa telefónica, en la que también participó la subsecretaria adjunta de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, Heide Fulton, se abordaron además los efectos de este fenómeno en las migraciones ya que, según los altos funcionarios, muchas personas se ven obligadas a abandonar sus países por la situación económica y la inseguridad que acarrea la corrupción.
Más de medio millón de personas de Honduras, Guatemala y El Salvador viajaron a Estados Unidos en 2019 en busca de un mejor futuro.
“Es una de las principales causas de la migración irregular, que manda a miles de personas en un viaje en vano y peligroso”, expuso Fulton.
En esa línea, instó a los socios de la región a trabajar conjuntamente para afrontar esta problemática de la manera más efectiva posible y lograr la estabilidad en esos países.
“Estados Unidos está comprometido a enfrentarse a este fenómeno por toda la región, a trabajar con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para que la gente tenga una oportunidad de construir un futuro mejor en el que ellos prosperen en casa”, comentó Piechowski.
Este año se conmemora el 25 aniversario de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Estados Unidos es el mayor donante de fondos, lo que deja evidencia de cuáles son sus objetivos para los próximos años.
La Casa Blanca también ha destinado recursos económicos a otros países de la región para paliar los efectos negativos de la corrupción.
“En México, el gobierno de Estados Unidos ayuda a fiscales especializados en crimen financiero, nuestros esfuerzos en Honduras fortalecen los lazos entre la policía y la comunidad, y en Guatemala hemos invertido más de dos millones de dólares para ayudar a la gestión de casos complejos en el Ministerio Público que contribuyeron en el caso contra el antiguo presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidente”, explicó.
Con todo, el vocero del Departamento de Estado expresó su apoyo a las “organizaciones de sociedad civil y a los medios independientes” que se han convertido en “socios clave para iluminar las prácticas oscuras”.
“Apoyamos el trabajo del Observatorio contra la Corrupción para los Ciudadanos, una iniciativa que viene de la Cumbre de las Américas de 2018, cuya meta es la de monitorear la implementación de compromisos anticorrupción de parte de gobiernos de América Latina y el Caribe”, subrayó expresando su compromiso a “los periodistas de investigación, a los medios independientes, a las organizaciones de sociedad civil y las ONGs que trabajan por la transparencia”.
Pese a todo, el gobierno de Estados Unidos es consciente de que sus objetivos no se pueden materializar a menos de que haya una clara voluntad de cooperación con otros gobiernos e instituciones públicas y privadas para frenar esta problemática.
“Queremos más socios con los que podamos colaborar, y si alguien quiere ser nuestro socio, debe ser nuestro aliado en esta lucha”, apostilló.
