Por Rubén Aguilar Valenzuela
El 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia como una dependencia del gobierno federal.
Esta comisión habrá de investigar las violaciones graves a los derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990 y va a trabajar también en la reparación del daño.
En el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006), para investigar los crímenes de la guerra sucia, se dio una intensa disputa al interior del gabinete.
Unos querían que se constituyera una Comisión de la Verdad como la que se había hecho en Sudáfrica y otros que se hiciera una Fiscalía Especial. Ganaron los últimos.
Se creó, entonces, la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMPOSOPP), que encabezó Ignacio Carrillo Prieto.
El resultado del trabajo de investigación, que abarcó de 1964 a 1982, se recoge en el documento Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana dado a conocer en 2006.
Sobre la actual comisión Santiago Corcuera Cabezut, profesor de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, dice que en principio ésta “no reúne las garantías orgánicas de independencia e imparcialidad necesarias” (El Universal, 16.10.21).
La comisión se integra por seis funcionarios públicos y cinco expertos elegidos por la SEGOB, pero solo una de éstas, la elegida por ellos mismos para encabezarla, tendrá voto. Eso dice Corcuera, la hace “una institución del gobierno y no de la ciudadanía” como debía serlo.
En su versión, coincido con él, se debió haber constituido una comisión autónoma e independiente, tal como lo habían propuesto diversas organizaciones de la sociedad civil que tienen años trabajando en el tema.
La propuesta ciudadana, desechada por el gobierno, planteaba establecer un mecanismo extraordinario de verdad, justicia y reparación totalmente ciudadano con la colaboración de expertos internacionales y el apoyo de organismos supranacionales en derechos humanos.
Para los cinco expertos ciudadanos y el responsable que presida la comisión será un gran reto avanzar en la investigación de manera autónoma en una dependencia controlada por el gobierno. Es una tarea muy difícil, pero no necesariamente imposible.
