El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, habría cometido una serie de delitos, tras presentarse a la sesión plenaria para ser desaforado de su cargo como viceministro de Seguridad Ad honorem, habiendo renunciado a su cargo previamente, esto según el aviso interpuesto por los diputados de la Asamblea Legislativa ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Lo que sucedió el día de ayer en el pleno legislativo es aún más grave, creo que la carta maestra que dice el presidente que sacó termina de hundir al director de la Policía y a los cinco abogados defensores. Ya se certificó a la Fiscalía el delito de encubrimiento, fraude procesal y actos arbitrarios previstos y sancionados en el Código Penal", aseveró la diputada efemelenista, Cristina Cornejo.
La legisladora también indicó que notificarán a la Corte Suprema de Justicia del "actuar antiético e ilegal de los abogados y abogadas" que acompañaron a Arriaza Chicas a la sesión plenaria para desaforarlo de su cargo de viceministro ad honorem.
Este martes 8 de diciembre, diputados de la Asamblea Legislativa votarían por retirar el fuero constitucional a Arriaza Chicas por el ilícito de incumplimiento de deberes al no llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a comparecer en la Comisión Especial que investiga la colocación de deuda y títulos durante la pandemia por COVID-19.
Por su parte, René Portillo Cuadra, legislador de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo que los defensores del director de la PNC complicaron más su situación jurídica
“Lo que llama la atención en este caso es que la renuncia le fue aceptada el 7 de diciembre y él ayer compareció en calidad de viceministro, la impresión que da es que la defensa del comisionado complicó más la situación penal y procesal porque el prolongó funciones, el usurpó funciones que ya no tenía", señaló Cuadra.
El diputado Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, manifestó sentirse sorprendido en la última intervención de uno de los abogados de Arriaza Chicas.
“Yo no conocía (la renuncia) hasta que después colocaron en un tuit una copia de la renuncia que no la recibió, lo que han hecho es reservar espacio porque el Diario Oficial no la ha publicado", dijo Ponce.
El 10 de noviembre pasado, la FGR presentó una solicitud de antejuicio contra Arriaza Chicas por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública.
Mientras era investigado por la Fiscalía por supuesto incumplimiento de deberes, Arriaza Chicas fue nombrado como viceministro de Justicia y Seguridad. El nombramiento le permitió tener fuero, es decir, ante cualquier delito, debe responder ante la Asamblea Legislativa y no directamente a los tribunales comunes.
El nombramiento fue aprobado por el presidente de la República mediante acuerdo ejecutivo 384 el 9 de octubre de 2020.
En octubre pasado, la Fiscalía solicitó a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la emisión de deuda que enviara certificaciones del llamado solicitado al director de la PNC para llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con apercibimiento por apremio.
El 30 de septiembre, los diputados acordaron llamar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para el 2 de octubre. El ministro fue citado tres veces, pero no acudió. El director de la PNC tampoco acató la orden del órgano Legislativo.
Interponen denuncia contra diputada Cornejo
Una ciudadana presentó Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a interponer una denuncia contra la diputada Cristina Cornejo, del FMLN, por difundir información confidencial del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, durante la plenaria de la Asamblea Legislativa de ayer.
“Espero que se le dé cumplimiento a la Ley y a los derechos constitucionales sobre el respeto a la intimidad personal”, expresó la ciudadana Jenny Reyes Montenegro.
Montenegro sostiene que la política del FMLN utilizó su espacio en el pleno legislativo para exponer datos personales del ministro Zelaya, sin tener el consentimiento de él.
“Eso representa una infracción muy grave y estamos pidiendo una sanción de 40 salarios mínimos”, sostuvo.
Los delitos que se atribuyen a la parlamentaria es el de divulgar información confidencial y atentar contra el derecho a la intimidad familiar y personal, que también está respaldado por el artículo 2 de la Constitución de la República.
