El presidente electo Andrés Manuel López Obrador por años sostuvo, incluida la última campaña, que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública. Decía también que la militarización de la lucha contra el crimen organizado implementada por los presidentes Calderón y Peña Nieto no había dado resultados y era necesario cambiarla.
Ahora, en sentido contrario de lo que siempre ha dicho, propone la creación de una Guardia Nacional bajo control militar. No es una novedad que el ahora presidente un día diga una cosa y al otro sostenga exactamente lo contrario. No sorprende. Lo ha hecho por más de 20 años de participar en la vida política del país. Esa ha sido una de sus características, que ahora es común a políticos de diversas latitudes.
Lo grave y distinto es que ahora no está en campaña por la búsqueda de la presidencia de la República, que por fin, a la tercera ocasión obtuvo y con un amplio margen. Las contradicciones o los cambios de opinión como candidato eran irrelevantes para el país. En todo caso tenían repercusión entre los suyos, pero no más. Ahora contradecirse tiene altos costos, para el país y sus habitantes.
Su decisión va en contra del sistema republicano y democrático que el país ha construido, con mucho esfuerzo e incluso sangre, en los últimos cien años, que exige, así está en la Constitución, expresión del pacto común, que siempre predomine la esfera civil sobre la esfera militar. El otorgar a las Fuerzas Armadas la totalidad del mando operativo de la Guardia Nacional contradice la letra y el espíritu de la Constitución de 1917.
Nadie ignora el evidente y muy grave problema de seguridad pública en todo el país, que tiene su origen, en muy buena medida, en la decisión del presidente Calderón cuando declarara la “guerra” al narcotráfico y manda al Ejército, en su condición de comandante en jefe, a que la enfrente. A partir de entonces, ya son 12 años, los militares han estado en la calle. Nunca debieron dejar sus cuarteles.
El presidente López Obrador no propone nada nuevo sino que radicaliza la estrategia implementada por el presidente Calderón que después siguió el presidente Peña Nieto. Ahora las Fuerzas Armadas, bajo el nombre de Guardia Nacional, no tendrá contrapesos reales y podrán hacer lo que quieran. La militarización del país decidida por el presidente López Obrador no es algo menor. Es un retroceso en la construcción de la democracia de dimensiones históricas.
Ahora las contradicciones del presidente López Obrador, ya no del candidato, tienen consecuencias, para la vida toda del país. La militarización convierte a los militares, como ha ocurrido en países de Centroamérica y el Cono Sur, en actores políticos de primer orden con presencia armada en todo el territorio. Esta decisión, se quiera o no, rompe los equilibrios políticos entre civiles y militares, y les da a éstos la primacía. Todas las tareas de seguridad pública en manos del Ejército van a traer más inseguridad y más muerte. No a la Guardia Nacional militarizada.
