“La justicia de Ginebra persiste en el encarnizamiento contra Erwin Sperisen”, explicaron dos de sus abogados defensores, Florian Baer y Giorgio Campa, mediante un comunicado distribuido a la prensa por correo electrónico. En este informaron sobre la decisión de la Corte de dicha ciudad de rechazar el pedido de liberación que presentaron el 21 de marzo pasado.
Los abogados aseguraron que fueron notificados sobre la no liberación de Sperisen,quien por su doble nacionalidad (guatemalteca y suiza) fue condenado en la nación europea a cadena perpetua en 2015 por diez asesinatos.
La petición de libertad se amparaba en la absolución en Madrid el pasado 15 de marzo, de Carlos Vieldman, superior jerárquico de Sperisen y exministro de gobernación de Guatemala (2004-2007).
En su petición, los letrados recordaron que Javier Figueroa, uno de los subordinados de Sperisen, fue absuelto en Austria en 2013, y consideraron que “la supuesta organización criminal paraestatal” a la que habrían pertenecido los tres exfuncionarios no habría existido.
Pero la Corte de Ginebra estimó, siempre según los abogados Campa y Baier, “que estas absoluciones en cadena no son de naturaleza a justificar poner fin a la detención preventiva de Sperisen” y remitieron a la decisión del Tribunal Federal suizo, máxima instancia judicial de la Confederación Helvetica. Esta deberá arbitrar (“tranche”) sobre su recurso contra la condenación, pendiente desde hace casi dos años.
Los delitos por los cuales han debido enfrentar tribunales europeos estos tres altos cargos guatemaltecos son los homicidios de siete detenidos en la cárcel de Pavón, cerca de la capital guatemalteca, en 2006, y de otros tres prisioneros que intentaron escapar de la cárcel “El Infiernito”, en 2005.
La corte de Ginebra consideró creíbles las pruebas contra Sperisen, aportadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), constituida por Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. La investigación también recogió las conclusiones del entonces Relator Especial de la ONU contra las ejecuciones extrajudiciales, Philippe Alston, quien en 2007 presentó un informe donde denunció operaciones de “limpieza social” en Guatemala.
