El régimen matrimonial en Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, rechazó 159 recomendaciones formuladas por diferentes países para que se garanticen los derechos individuales y las libertades públicas en el país, eclipsando otras 135 recomendaciones aceptadas, pero de menor cuantía, según documentación oficial anticipada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que será adoptada el próximo viernes en Ginebra.
La negativa de Managua es el principal resultado del llamado Examen Periódico Universal (EPU), un escrutinio sobre la totalidad de los derechos humanos defendidos por la ONU, al que deben obligatoriamente someterse los 193 Estados integrantes de la misma, una vez cada 5 años, donde el país examinado comparece ante sus pares, que ofician de judicatura planetaria, con el objeto de entablar un intercambio franco para adaptarse mutuamente a los estándares internacionales en la materia.
Los documentos exhumados en Ginebra revelan los múltiples pedidos de diferentes países rebotados por Nicaragua, para que ratifique instrumentos vinculantes forjados por el sistema de Naciones Unidas, como la Convención Internacional contra las desapariciones Forzadas (Irak, Montenegro, Senegal, Eslovaquia, Uruguay y Armenia), el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y los protocolos facultativos de las Convenciones del Niño y sobre la eliminación de la discriminación contra la Mujer, y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permiten a las victimas recurrir a la ONU cuando se han agotado las instancias nacionales (Eslovaquia, Montenegro, El Salvador, Chipre, Suecia, Austria, Georgia y Armenia).
Nicaragua además se opuso a cursar una invitación abierta a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que visiten el país, es decir a los Relatores Especiales, y Grupos de Trabajo, como así también a los organismos de la OEA; y al equipo de la Ata Comisionada Michelle Bachelet, cuya visas fueran canceladas (Honduras, Irlanda, Luxemburgo, México, Noruega, Polonia, Francia, República de Corea, Eslovaquia, España, Georgia, Suiza, Ucrania, Afganistan, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca y Grecia).
Uruguay abogó sin suerte por la creación de un Instituto Nacional de derechos humanos, al igual que Bulgaria, que reclamó “restablecer la autonomía de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos”. Nicaragua le reservó la misma suerte a Nueva Zelandia, la cual exhortó a “garantizar que la Policía Nacional se abstenga de realizar actos que constituyan tortura o infligir otros tipos de malos tratos respecto de los detenidos y los manifestantes”, negativa extendida a la Argentina, al solicitar el cese de la “utilización excesiva de la fuerza policial ante el ejercicio de la protesta pacífica”, petición asimismo sostenida por Gran Bretaña, Austria y Chipre.
Fue notoria la vana exigencia a que Nicaragua lleve a cabo “el desarme inmediato de los civiles afines al Gobierno” (Argentina), paramilitares a su vez denostados por el Reino Unido, Eslovaquia y la Santa Sede. Paralelamente cayó en oídos sordos, el clamor por la puesta en libertad de todos los opositores políticos detenidos ilegalmente, incluyendo periodistas (Italia, Ecuador, Colombia, Chile, Francia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Polonia, Canadá, Eslovaquia, Bélgica, Georgia, Argentina , Mexico, Países Bajos, Islandia y Brasil).
La cuestionada independencia judicial (Alemania, Chipre), acompañada por la ausencia de una creíble rendición de cuentas por el violento sofocamiento de la movilización popular contra el alza de las jubilaciones desde abril del 2018, que causaran 300 muertos y 2000 heridos (Francia, Canadá, Bulgaria y Ecuador) y el hostigamiento a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión (Estados Unidos, España, Ghana, Reino Unido, Suiza, Croacia, Georgia, España, Islandia, Chile, Chequia y República de Corea), ensombrecen un panorama que el régimen matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, trata asombrosamente de justificar con la supuesta neutralización de un presunto fallido golpe de Estado de la oposición.
