La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, aseguró que las muertes generadas por la falta de acceso a un "aborto seguro" por la prohibición total de esta práctica se convierten en "ejecuciones arbitrarias" atribuidas al Estado.
Durante su conferencia este lunes pidió al Gobierno salvadoreño declarar una "moratoria", es decir, aplazar la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.
"Pido una moratoria para la aplicación absoluta del aborto en el país", dijo Callamard en el marco del fin de su visita a El Salvador y que inició el pasado 25 de enero.
Además, la experta celebró la iniciativa del FMLN en la Asamblea Legislativa que busca permitir la interrupción de embarazos cuando se busque salvar la vida de una mujer, cuando el embarazo sea producto de una violación o estupro o sea inviable la vida extrauterina.
En respuesta a la iniciativa de despenalizar el aborto, el partido ARENA llevó a los diputados salvadoreños una propuesta para elevar las condenas por aborto hasta los 50 años, similar a la pena de homicidio agravado.
El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.
Unas 30 mujeres fueron condenadas a penas de entre 12 y 30 años de prisión por delitos como homicidio agravado bajo acusaciones de haber abortado. Organizaciones sociales han denunciado en repetidas ocasiones que dichos abortos fueron por complicaciones obstétricas.
